El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, se pronunció sobre la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar inconstitucional la norma que permitía juzgar a adolescentes de 16 y 17 años como adultos. Arriola aseguró que la institución respetará y acatará plenamente el fallo, en línea con el marco legal vigente.
“Vivimos en un Estado constitucional de derecho y, como tal, nuestras acciones se rigen por lo que establezca el máximo intérprete de la Constitución”, afirmó el general, subrayando que la Policía actuará conforme a lo dispuesto por el TC.
No obstante, precisó que, desde la perspectiva policial, la norma anulada no era concebida como un instrumento punitivo, sino como una herramienta operativa que permitía enfrentar con mayor rapidez investigaciones criminales complejas.
Según explicó, la participación de adolescentes en delitos graves plantea desafíos concretos para el trabajo policial, especialmente cuando existe escasa información sobre los autores o los vehículos utilizados, lo que termina dilatando procesos y afectando directamente la seguridad ciudadana.
“Es un retroceso muy funesto”
Más allá del acatamiento institucional, el comandante general expresó una postura crítica frente a los alcances del fallo del TC. Arriola calificó la decisión como un retroceso en la lucha contra la criminalidad y advirtió sobre sus posibles consecuencias.
“Estas personas con estas edades siembran el terror, el caos, la zozobra, y entonces una mirada, desde mi punto de vista, desde los derechos fundamentales garantistas, no ayudarían en absolutamente nada en esta lucha”, sostuvo.
En esa misma línea, el general fue enfático al señalar que la anulación de la norma podría generar efectos negativos en el corto plazo. “Yo considero que sí es un retroceso, y esto me puede traer siquiera algún tipo de problema, pero yo siempre estoy acostumbrado a decir la verdad. La verdad es que esto es un retroceso y muy funesto, que va a traer consecuencias y ustedes las van a ver”, advirtió.
Arriola remarcó que existen menores de edad que participan activamente en hechos delictivos de alta gravedad y que representan un riesgo concreto para la sociedad. Asimismo, recordó que, tras el fallo, corresponde que los adolescentes recluidos en penales sean trasladados nuevamente al sistema de tratamiento juvenil, conforme a lo dispuesto por la sentencia constitucional.
Fallo del TC
En su fallo, el Tribunal Constitucional estableció que es incompatible con la Constitución que personas menores de 18 años sean procesadas y condenadas dentro del sistema penal de adultos, así como que cumplan sentencias en establecimientos penitenciarios destinados a mayores de edad. El TC precisó que los adolescentes de 16 y 17 años que actualmente se encuentran en penales bajo el régimen del INPE deberán ser trasladados de manera inmediata a los centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación que determine el PRONACEJ.
El tribunal sostuvo que, si bien el legislador tiene facultades para adoptar medidas frente al contexto de inseguridad ciudadana, estas deben emitirse en estricto respeto de los principios constitucionales y de los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Perú. En ese sentido, el fallo subraya la necesidad de una respuesta proporcional a la edad de los adolescentes, sin excluirlos del sistema de justicia, pero garantizando un tratamiento diferenciado.
Menores involucrados en bandas criminales
Las declaraciones de Óscar Arriola se produjeron en un contexto marcado por recientes operativos policiales contra organizaciones criminales con participación de adolescentes. En el distrito de San Juan de Miraflores, la PNP desarticuló una banda presuntamente integrada por tres menores de entre 15 y 17 años, quienes, según la Policía, se dedicaban a robos y asaltos a mano armada en distritos de Lima Sur como San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador.
El comandante general describió el modus operandi del grupo, señalando que descendían de vehículos, encañonaban a sus víctimas y las despojaban de todas sus pertenencias. Estas intervenciones refuerzan, desde la óptica policial, la preocupación por el involucramiento de adolescentes en delitos violentos.
Junto a los menores, también fueron detenidos dos adultos, quienes enfrentarán denuncias por delitos contra el patrimonio.
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