La controversia en torno al llamado “Chifagate” sigue creciendo. Las reuniones del presidente interino José Jerí con el empresario chino Zhihua Yang, inicialmente cuestionadas por la opinión pública y por figuras políticas, han sumado un nuevo capítulo: el abogado y candidato al Senado por Alianza para el Progreso, Elio Riera, asumió formalmente la defensa legal de Yang. Riera, quien en un inicio exigió la renuncia de Jerí por las reuniones no transparentadas, ahora se posiciona como representante del empresario, comprometiéndose a actuar “con estricto apego a la ley y al debido proceso”.
El cambio de postura de Riera quedó evidente en sus comunicados difundidos a través de redes sociales. Primero, subrayó la necesidad de responsabilidad pública y ética de Jerí, destacando que la falta de transparencia en los encuentros con Yang generaba un “grave cuestionamiento ético y jurídico” y vulneraba principios de buena administración. Horas después, anunció su incorporación como abogado defensor de Yang, reafirmando la presunción de inocencia de su cliente y su compromiso de colaborar con la fiscalía y el Congreso.
En declaraciones a Canal N, Riera explicó que su defensa se centra en la legalidad de los actos de Yang y la ausencia de irregularidades comprobables hasta la fecha. Señaló que Yang ha entregado toda la información solicitada a las autoridades y está dispuesto a someterse a cualquier escrutinio. Además, aclaró que su vínculo con Jerí y con la comunidad china se ha basado en la amistad, y que cualquier responsabilidad penal debe ser determinada por las instancias correspondientes.

Riera niega irregularidades en reuniones entre Jerí y Yang
Riera aseguró que las reuniones entre Jerí y Yang no constituyeron actos irregulares. En su explicación, indicó que ambos mantienen una relación de amistad de largo plazo y que los encuentros respondieron, en parte, a la organización del Día de la Comunidad China en Perú. Según el abogado, Yang abrió su local para recibir al presidente sin solicitar nada a cambio y todos los detalles de las reuniones han sido puestos a disposición de la fiscalía.
El abogado enfatizó que, aunque Jerí acudió al local de Yang en dos ocasiones confirmadas, no existieron intermediaciones que buscaran favorecer intereses privados. Además, aclaró que Yang no tenía contratos vigentes con el Estado al momento de los encuentros, aunque sí ha sido proveedor en el pasado. Esto, según Riera, refuerza que no se trató de un intento de obtener beneficios indebidos.
Riera también explicó que los temas tratados incluyeron aspectos culturales y personales vinculados a la celebración del Día de la Comunidad China, y no gestiones comerciales ni administrativas. “El señor Yang ha brindado toda la información necesaria, no tiene nada que esconder”, sostuvo, destacando que corresponde al presidente demostrar la regularidad o no de sus actos y que cualquier responsabilidad penal será determinada por la justicia.

Exige la renuncia de Jerí por falta de transparencia
Pese a asumir la defensa de Yang, Riera mantiene su exigencia de que Jerí renuncie al cargo. En sus comunicados y declaraciones públicas, explicó que la reunión con un empresario extranjero, aunque amigo, genera un cuestionamiento político y ético que no puede minimizarse. Afirmó que su pedido de renuncia no tiene motivaciones políticas, sino que responde a un “estándar mínimo de responsabilidad pública”.
En Canal N, Riera subrayó que los encuentros, aunque legales, representan un error político grave que afecta la imagen del presidente interino. “No basta decir que fue un error y que quieren hacerle daño; se equivocó, está mal, asuma su responsabilidad y renuncie”, afirmó. Considera que, más allá de la legalidad, Jerí no actuó con la transparencia y el decoro exigidos a un mandatario, generando dudas sobre sus criterios éticos y administrativos.

Asimismo, Riera precisó que la renuncia es necesaria para preservar la confianza ciudadana y permitir que se desarrolle una investigación independiente. Señaló que aunque Jerí no haya cometido un delito hasta que la justicia lo determine, su conducta política “no representa a la ciudadanía” y debe asumir la consecuencia de sus actos. La postura de Riera evidencia la separación entre la defensa legal de su cliente y la evaluación ética de la conducta presidencial.
“Chifagate”: sospechas y avance de la investigación sobre encuentros de Jerí con empresario chino
El caso “Chifagate” se ha convertido en un asunto de alta complejidad legal y política. La Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro inició diligencias para investigar presunto tráfico de influencias y otros posibles delitos derivados de las reuniones del 26 de diciembre de 2025 y del 6 de enero de 2026. La fiscal Diana Mayra Paico Guevara ordenó la revisión de cámaras de seguridad y documentación relacionada con los encuentros para establecer la identidad de los participantes y la dinámica de las reuniones.
Expertos legales advierten que la posición de Jerí como presidente interino y las contradicciones en sus declaraciones podrían generar responsabilidades adicionales. Además, se evalúa si hubo promesas de contraprestación vinculadas al evento por el “Día de la Amistad Peruano-China” o gestiones que beneficiaran intereses privados y estatales. El panorama se complica por antecedentes de acceso privilegiado de empresarios chinos a Palacio de Gobierno y por la posible relación de estos encuentros con otros contratos estatales, aunque Yang no tenía ninguno vigente.
La estrategia de defensa de Jerí ha sido criticada por la falta de coherencia en sus descargos. Según abogados consultados, la multiplicidad de versiones —desde supuestas “coordinaciones protocolares” hasta visitas por interés personal— complica la evaluación judicial.
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