Las autoridades han intensificado la búsqueda de Vilma Zeña Santamaría, principal prófuga del Caso Nicolini, después de que se ratificara su condena a 32 años de prisión. El Estado ha ofrecido una recompensa de S/ 50.000 a quienes puedan aportar información sobre su paradero, con la finalidad de agilizar su captura y cerrar uno de los episodios más graves de trata de personas y explotación laboral en Lima.
La imagen de Zeña circula junto con canales telefónicos abiertos para la denuncia ciudadana, en un proceso judicial que sigue teniendo gran repercusión social. Su esposo, Johnny Coico Sirlopú, sí cumple condena en el penal Miguel Castro Castro, pero Zeña se mantiene en la clandestinidad. Esto aumenta la preocupación de las víctimas y sus familiares, que aguardan una justicia completa para el caso.
Recompensa actual y estado de la prófuga
El Ministerio del Interior ha incluido a Zeña en el Programa de Recompensas y promueve la participación de la ciudadanía en su localización. La recompensa ha sido presentada como una medida urgente para impedir la impunidad en crímenes complejos como la trata laboral.
Coico Sirlopú permanece en prisión, mientras Zeña lleva años evadiendo a las autoridades y ninguna estrategia ha logrado su captura hasta ahora. Este contraste pone de relieve las dificultades que enfrenta la persecución penal cuando se trata de redes delictivas organizadas.
Ratificación de la condena y antecedentes judiciales
En una reciente resolución judicial, se confirmó que Zeña y Coico Sirlopú son responsables del delito de trata de personas agravada con fines de explotación laboral y esclavitud. Ambos fueron condenados inicialmente en 2018, con penas de 32 años de prisión para Zeña y 35 para Coico Sirlopú.
Después de un extenso proceso de apelación, en diciembre de 2025 se ratificó la sentencia contra Zeña. Esta decisión representa el primer precedente judicial firme en Perú por esclavitud laboral, y es reconocida como un paso histórico en la jurisprudencia nacional.
El incendio en la galería Nicolini: tragedia y víctimas
La tragedia que originó este proceso se desató el 22 de junio de 2017, cuando un incendio arrasó la galería Nicolini en el centro de Las Malvinas. Más de 500 bomberos combatieron el fuego durante cinco días. El momento más estremecedor fue la imagen de Jovi Herrera y Jorge Luis Huamán pidiendo ayuda desde las rendijas de un contenedor en el quinto piso.
Ambos murieron atrapados por el humo y las llamas, encerrados bajo llave por sus empleadores. Tres jóvenes sobrevivieron, pero arrastran secuelas físicas y emocionales. El siniestro puso en evidencia la gravedad de la explotación que padecían los trabajadores en talleres improvisados carentes de cualquier derecho básico.
Modus operandi
Las investigaciones confirmaron que las víctimas eran obligadas a soportar jornadas de hasta diez horas diarias, encerradas con candado en contenedores metálicos carentes de ventilación o servicios básicos. El horario iba de 9:00 a 19:00. Realizaban tareas de ensamblaje de luminarias de manera manual a cambio de apenas S/ 25 al día.
Estos espacios funcionaban como talleres clandestinos y la finalidad era obtener ganancias ilícitas mediante la explotación de la mano de obra joven, sin protección ni salario digno. La tragedia reveló el nivel de vulnerabilidad al que estaban sometidos los trabajadores en plena capital peruana.
Responsables y reparaciones civiles ordenadas
Actualmente, Coico Sirlopú continúa recluido cumpliendo su condena, mientras Zeña sigue prófuga y en la lista de los más buscados. El fallo también dispuso una reparación civil: S/ 479.000 para la familia de Herrera, S/ 459.000 para los de Huamán y S/ 20.000 para cada uno de los tres sobrevivientes.
Sin embargo, las familias continúan reclamando el pago de estas sumas. La madre de Jovi Herrera ha denunciado la falta de cumplimiento y recuerda que, pese a la sentencia histórica, la reparación sigue pendiente. La persistencia de Zeña en la clandestinidad mantiene abierta la herida judicial y social.
Impacto jurídico y social de la sentencia
La ratificación de esta condena por trata de personas y esclavitud laboral representa un avance fundamental en la lucha contra la precariedad y la informalidad en sectores vulnerables. La decisión sentó el primer precedente judicial del país contra la esclavitud laboral y motivó un debate en torno a la necesidad de fortalecer la fiscalización laboral.
Los familiares de las víctimas insisten en que falta garantizar el cumplimiento de todas las medidas impuestas y que la justicia solo será plena cuando se logre la captura de todos los responsables y la reparación a los afectados.
Las autoridades exhortan a la sociedad a aportar información que contribuya a la captura de Vilma Zeña Santamaría. Para ello, se han habilitado líneas telefónicas específicas con garantía de confidencialidad, y se insiste en que la denuncia ciudadana es clave para acabar con la impunidad en delitos de alto impacto social.
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