La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) realizó operativos de fiscalización en puntos críticos de la ciudad durante los primeros cinco días del nuevo estado de emergencia, decretado por el Gobierno para enfrentar el aumento de la criminalidad y recuperar el orden en las vías.
Estas acciones, coordinadas junto a la Policía Nacional del Perú (PNP), resultaron en la intervención de 61 vehículos de transporte informal, de los cuales 19 son reincidentes y suman cerca de S/384 mil en multas.
El operativo más reciente se llevó a cabo en la avenida Tacna, en el Cercado de Lima, donde se detectaron diversas infracciones: siete conductores sin licencia, dos unidades sin Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), tres carecían del Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV), y cuatro vehículos superaban los 30 años de antigüedad, por lo que podrían ser destinados al chatarreo obligatorio. Cinco de estos autos reincidentes acumulaban más de S/60 mil en sanciones, evidenciando la magnitud del problema.
Las autoridades subrayan que estos operativos buscan combatir el transporte informal, una de las principales fuentes de inseguridad vial en la capital, y proteger a los usuarios y peatones que transitan por los corredores urbanos. La presencia de autos con deudas elevadas y condiciones técnicas deficientes representa un riesgo para todos quienes circulan por Lima y Callao.
Estado de emergencia
El estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao, vigente por 30 días desde el 28 de febrero, otorga a la Policía Nacional el control del orden interno, con el respaldo de las Fuerzas Armadas.
El Decreto Supremo N.º 027-2026-PCM restringe temporalmente derechos constitucionales, como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de tránsito, y habilita patrullajes permanentes, operativos de control de identidad y decomiso de armas.
La estrategia incluye la prohibición del tránsito de dos adultos en motocicletas lineales, el despliegue de tecnología de videovigilancia, drones y algoritmos de reconocimiento facial, así como la instalación de puestos de comando temporales en zonas consideradas de alto riesgo.
La norma también prevé operativos masivos de decomiso de armas, municiones y explosivos ilegales, en coordinación con la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).
El Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), presidido por el comandante general de la PNP, centraliza la planificación y ejecución de estas acciones, integrando a representantes del Poder Judicial, Ministerio Público y gobiernos locales.
Paralelamente, el Comité de Fiscalización ejecuta operativos para combatir delitos como la trata de personas, el tráfico ilegal de autopartes y la venta informal de chips telefónicos. El Comité de Inteligencia emplea sistemas predictivos para anticipar focos delictivos y apoyar las intervenciones en tiempo real.
Según estudios de GRADE y CIES, los estados de emergencia en Perú tienen poca efectividad para reducir de manera sostenida el crimen: incluso tras meses bajo esta medida enLima y Callao, no se observa una caída clara de los delitos y, en algunos casos, la tendencia se mantiene al alza.
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