A casi nueve años de uno de los siniestros más dolorosos de la capital, la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima logró que se confirme una condena histórica. En segunda instancia, se ratificó la condena de prisión efectiva por el delito de trata de personas agravada con fines de explotación laboral y esclavitud.
Esta resolución está vinculada directamente a la muerte de dos jóvenes y la afectación de tres sobrevivientes durante el incendio de la galería Nicolini, en el corazón de Las Malvinas, durante junio de 2017
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La decisión judicial ratifica la responsabilidad penal de Jonny Coico Sirlopú y Vilma Zeña Santamaría. En 2018, ambos fueron sentenciados a 35 y 32 años de prisión, respectivamente. Tras un largo proceso de apelación interpuesto por Zeña, en diciembre de 2025 se confirmó finalmente su condena de 32 años de cárcel. Este fallo es trascendental para la jurisprudencia nacional, ya que constituye la primera sentencia confirmada por el delito de esclavitud laboral en la historia del país.
La conclusión de Fiscalía
La investigación fiscal determinó que los jóvenes eran sometidos a un régimen de terror e informalidad absoluta. Según los actuados, las víctimas eran encerradas con candado en un contenedor metálico desde las 9:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.
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En este espacio, desprovisto de ventilación, iluminación adecuada, alimentos o acceso a servicios higiénicos, debían ensamblar luminarias de forma manual por un pago de apenas 25 soles diarios. El objetivo de los tratantes era sustituir marcas originales por otras reconocidas para obtener ganancias ilícitas mediante el engaño comercial.
La precariedad en Las Malvinas
La tragedia que originó este proceso judicial ocurrió el 22 de junio de 2017. Durante cinco días, las llamas consumieron la galería Nicolini en Las Malvinas, requiriendo el trabajo de más de 500 bomberos. Sin embargo, lo más estremecedor fueron las imágenes de Jovi Herrera y Jorge Luis Huamán pidiendo auxilio desde las rendijas de un contenedor en el quinto piso. Los jóvenes no pudieron escapar debido a que sus empleadores los dejaban bajo llave para evitar que “perdieran el tiempo” o “robaran productos”.
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El fuego expuso la precaria condición laboral en Centro de Lima. Contenedores eran usados como talleres de producción clandestinos, donde los trabajadores carecían de salidas de emergencia y cualquier derecho laboral básico. Herrera y Huamán perdieron la vida atrapados por el fuego y el humo, convirtiéndose en el símbolo de la explotación laboral sistemática amparada en la informalidad y la falta de fiscalización estatal.
Reparación civil de casi 1 millón
La condena de la Sala Penal no solo ratifica la restricción de la libertad de los responsables, sino que establece un esquema de reparación económica que intenta resarcir, en parte, el daño causado a las familias y a quienes lograron escapar del fuego.
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De acuerdo con la resolución, Coico y Zeña están obligados a pagar montos que ascienden a S/ 479.000 y S/ 459.000 para los herederos legales de Jovi Herrera y Jorge Luis Huamán, respectivamente. Asimismo, se fijó una suma de S/ 20.000 en favor de los tres sobrevivientes de la tragedia. Junto a estas medidas, la sentencia impone una inhabilitación que les impide celebrar cualquier tipo de contrato con el Estado por el mismo periodo que duren sus penas.
Una captura, una tarea pendiente
Sin embargo, la justicia plena sigue siendo una tarea pendiente debido a la condición de prófuga de Vilma Zeña Santamaría. A diferencia de Coico Sirlopú, quien se encuentra recluido en el penal Miguel Castro Castro, Zeña ha logrado evadir a las autoridades durante años, manteniéndose en la clandestinidad a pesar de estar incluida en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior.
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Actualmente, el Estado ofrece S/ 50.000 por información que permita su captura. Esta situación ha sido denunciada por la madre de Jovi Herrera, quien señala que, más allá del avance legal, las familias no han percibido el pago de la reparación ordenada. La captura de Zeña es el último eslabón necesario para cerrar un proceso que busca que la informalidad comercial nunca más derive en condiciones de nuevos tipos esclavitud.
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