Congreso exige al ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes, explicaciones sobre alza del 12 % en tarifas de agua potable

Katy Ugarte, presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso, manifestó su profunda preocupación ante el anunciado incremento de hasta 12 % en las tarifas de agua potable que afectará a miles de familias en el país.

La medida, que impactará especialmente a los hogares de Lima, Callao y otras 31 ciudades, motivó la elaboración de un oficio al ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Alejandro Sifuentes Quilcate, solicitando un informe detallado y debidamente documentado sobre los criterios técnicos que sustentan el aumento.

El pedido incluye la exigencia de información precisa acerca de las acciones implementadas o previstas para mitigar el impacto de este ajuste en la población más vulnerable, en concordancia con los principios de equidad, continuidad y accesibilidad en el acceso al agua potable.

“La ciudadanía tiene derecho a saber por qué se incrementan las tarifas de un servicio básico como el agua y, sobre todo, qué se está haciendo para proteger a quienes menos tienen. Desde el Congreso no vamos a permitir decisiones que perjudiquen injustificadamente a los consumidores”, afirmó Ugarte.

La presidenta insistió en que el control de las tarifas de los servicios públicos debe tener no solo un sustento técnico, sino también un enfoque social que priorice el bienestar de las familias peruanas. “El acceso al agua potable es un derecho fundamental y cualquier ajuste tarifario debe ser razonable, transparente y socialmente responsable”, remarcó.

Asimismo, anunció que la Comisión de Defensa del Consumidor mantendrá un seguimiento activo a este tema, para asegurar que las autoridades competentes actúen con respeto irrestricto a los derechos de los usuarios y que no se comprometa el acceso al agua por razones económicas.

¿Qué se sabe sobre el alza de precios en recibos de agua?

El reciente anuncio de SUNASS confirmó que, a partir de enero de 2026, los usuarios de agua potable en Lima, Callao y otras 31 ciudades pagarán en promedio S/ 7.70 adicionales al mes por el servicio, cifra que representa un incremento de hasta 12% para hogares residenciales y 20% para usuarios no residenciales, como comercios, industrias y entidades públicas. El aumento responde al cumplimiento del Decreto Legislativo n.° 1620, promulgado en diciembre de 2023, que ordenó un rebalanceo tarifario para que las empresas prestadoras, incluida Sedapal, cuenten con ingresos suficientes para cubrir los costos de operación y mejorar la infraestructura.

La medida se aplicará en los recibos desde febrero de 2026 y busca, según SUNASS, garantizar la sostenibilidad financiera del servicio y permitir inversiones para mejorar la cobertura y continuidad del suministro. El proceso regulatorio incluyó la publicación del proyecto tarifario, la realización de audiencias públicas y la recepción de comentarios de usuarios y actores del sector.

Diversos sectores han expresado su desacuerdo con el aumento. Carlos Eduardo Zúñiga, representante de la Asociación de Consumidores Elegir Perú, cuestionó la falta de información clara sobre el destino de los ingresos adicionales y alertó sobre el impacto real en la economía familiar. “Para la mayoría de ciudadanos, esto realmente es un impacto y el Estado ha debido ser responsable y estratégico para que la implementación no represente una carga injustificada”, advirtió.

Desde el sector industrial, Rolando Piskulich, presidente del Comité de Usuarios de Agua Industrial de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), calificó el ajuste como “desproporcionado” en relación con la inflación registrada el año anterior y criticó la ausencia de justificación técnica y económica. El gremio industrial solicitó una reunión urgente con el Ministerio de Vivienda y Sedapal para revisar la medida y buscar su suspensión, advirtiendo que el incremento podría trasladarse a los precios finales para el consumidor y afectar la generación de empleo.

Piskulich también cuestionó el proceso seguido para la aprobación del alza, señalando que el Ministerio de Vivienda habría intervenido directamente, desplazando el procedimiento regulatorio habitual de SUNASS, lo que genera dudas sobre la transparencia e institucionalidad en la toma de decisiones.

Por su parte, SUNASS defendió que el aumento fue resultado de un proceso regulatorio que incluyó consulta pública y prometió intensificar la fiscalización para asegurar que los recursos adicionales se destinen a mejoras concretas y verificables en la calidad del servicio.