En Cusco, el choque de trenes en la ruta ferroviaria hacia Machu Picchu marcó un punto crítico para las autoridades regionales. El accidente dejó una persona fallecida y más de cien heridos, y colocó bajo presión a los responsables del sistema de transporte que conecta el principal destino turístico del país. Desde el gobierno regional, la atención se centra en las causas del siniestro y en las responsabilidades que todavía no tienen respuesta clara.
Werner Salcedo Álvarez, gobernador regional del Cusco, colocó el tema en la agenda nacional con un pedido directo de sanciones. Su posición parte de una idea central: la seguridad del corredor turístico no puede estar sujeta a improvisaciones ni a servicios sin garantías. Durante sus declaraciones, el mandatario regional recordó que la población convive con episodios repetidos en el sistema de transporte y que el reciente choque no es un hecho aislado.
El contexto político y administrativo incluye, además, una convocatoria del Ejecutivo para una reunión multisectorial en Lima el 8 de enero, en el marco de la Unidad de Gestión de Machu Picchu. La cita reunirá a representantes del gobierno central, autoridades locales y actores vinculados al transporte ferroviario y terrestre. El enfoque oficial busca revisar debilidades del sistema y establecer medidas correctivas frente a las fallas detectadas.
Desde Cusco, el gobernador insistió en que el diálogo institucional debe traducirse en acciones concretas. Destacó que el reclamo ciudadano apunta a un objetivo preciso: evitar nuevos eventos que comprometan la seguridad de los pasajeros y la estabilidad del destino turístico. En ese marco, expresó una frase que resume su posición: “Lo que no puede ocurrir es una huelga más o un accidente más. Eso es inviable e innegociable, no solo para mi gestión, sino para todo el Perú”.
Reunión en Lima y revisión del sistema de transporte
La reunión programada en Lima incluye la participación de ministerios vinculados a transporte, comercio exterior y cultura, además de autoridades del distrito de Machu Picchu y de la provincia de Urubamba. Según el gobernador, existen coordinaciones permanentes con estas instancias con el propósito de identificar fallas estructurales en los servicios que operan hacia el santuario.
El enfoque no se limita al accidente ferroviario. La autoridad regional mencionó observaciones sobre el transporte terrestre y cuestionó la permanencia de operadores sin garantías plenas. Expresó que existen autorizaciones otorgadas en regiones ajenas a Cusco, situación que genera dudas sobre la legalidad de ciertos servicios. En su mensaje público, indicó que el problema incluye procedimientos administrativos que requieren verificación fiscal y control institucional.
Exigencia de sanciones y rol de las instituciones
El gobernador regional solicitó la intervención del Ministerio Público y de la Contraloría General de la República para determinar responsabilidades administrativas y penales. Señaló que el Cusco no requiere explicaciones generales, sino decisiones inmediatas frente a los hechos. En esa línea, remarcó que las autoridades locales y la población “exigimos sanciones a quienes son responsables de perjudicar la imagen del Cusco”, expresión que resume la expectativa regional frente al caso.
La posición del gobierno regional incluye también un rechazo a esquemas informales o servicios sostenidos bajo presión social. Salcedo indicó que cualquier operación de transporte debe cumplir la normativa vigente y que el desarrollo turístico necesita orden institucional. Afirmó, además, que el debate sobre el modelo de acceso al santuario contempla la evaluación de alternativas sostenibles, entre ellas sistemas que reduzcan el impacto ambiental y favorezcan una gestión organizada del destino.
En el escenario actual, la discusión pública se concentra en dos frentes: la atención a las víctimas del accidente y la revisión integral del sistema de transporte hacia Machu Picchu. Las autoridades regionales y nacionales llegarán a la mesa de diálogo del 8 de enero con responsabilidades definidas y con la presión de un territorio que reclama seguridad, legalidad y control efectivo sobre los servicios que operan en su principal corredor turístico.
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