El inicio del Año Judicial 2026 estuvo marcado por un firme pronunciamiento a favor de la separación e independencia de poderes. Tanto el presidente de la República, José Jerí, como la titular del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, subrayaron la importancia de respetar estos principios constitucionales, en un contexto de crecientes tensiones entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial.
El llamado cobra especial relevancia ante las críticas del congresista Fernando Rospigliosi, quien recientemente se ha convertido en uno de los principales opositores al control difuso ejercido por los jueces: no solo ha criticado abiertamente la aplicación de esta figura, sino que ha denunciado y solicitado la destitución del juez Richard Concepción Carhuancho por inaplicar la Ley 32107, aprobada por el Congreso de la República, al considerarla inconstitucional.
¿Qué dijeron José Jerí y Janet Tello?
Durante la ceremonia realizada en el Palacio de Justicia, José Jerí reafirmó el compromiso de su gobierno con el respeto a la separación e independencia de poderes. “Entendemos con claridad que la autonomía del Poder Judicial es indispensable para asegurar una justicia imparcial, sin influencias externas y lista para proteger los derechos de los ciudadanos”, afirmó el mandatario.
“En ese sentido, deseo saludar hoy la labor que día a día ejercen los magistrados del Poder Judicial en la defensa de la legalidad y del orden democrático. Una justicia oportuna y eficaz es el desafío que se tiene de ahora en adelante, porque justicia que tarda no es justicia y es necesario justamente que esta ampare a todos los peruanos, en especial a los más vulnerables. Y vemos, luego de la exposición, que vamos encaminados en ello”, agregó.
Previamente, Janet Tello Gilardi, presidenta del Poder Judicial, se refirió directamente a las críticas que surgieron desde sectores políticos, en especial del Congreso, que acusan a los jueces de actuar arbitrariamente o de incurrir en “prevaricato” al ejercer el control difuso. No solo rechazó estos calificativos, sino que recordó que la facultad de los jueces para inaplicar leyes inconstitucionales está consagrada en el artículo 138 de la Constitución y fue ratificada desde 1979.
“En resguardo de la independencia judicial, también debo hacer frente a los injustos calificativos que desde el poder político continúan recibiendo los jueces que inaplicaron las leyes que consideraron inconstitucionales. Es decir, que cumplieron con el deber de hacer el control difuso. [...] afirmar que tales decisiones constituyen prevaricato, delito o injerencia política, carece de sustento jurídico e histórico y subestima el rol esencial de la magistratura en salvaguarda de la supremacía constitucional y convencional”, mencionó.
Denuncia de Fernando Rospigliosi
Como se recuerda, el fujimorista solicitó ante la Junta Nacional de Justicia la destitución del juez Richard Concepción Carhuancho, luego de que este declarara inaplicable la Ley 32107 mediante el uso del control difuso en una investigación contra el coronel en retiro Arturo Castro Arias, por un presunto homicidio calificado ocurrido en 1984 en Ayacucho.
Para el parlamentario de Fuerza Popular, el magistrado incurrió en actos “ilegales y prevaricadores” al no hacer cumplir una normativa aprobada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo. Durante una conferencia de prensa, Rospigliosi detalló que su denuncia incluye antecedentes en los que el mismo juez habría dejado de aplicar otras leyes, acusándolo de actuar de forma sistemática y de “burlarse del sistema republicano de división de poderes” al decidir no acatar decisiones legislativas vigentes.
El congresista argumentó que el magistrado “no está capacitado para aplicar el control difuso porque la Corte Suprema ha establecido que eso solamente se hace en una sentencia y este juez no sentencia, es un juez de primera instancia”. Añadió que es “una prueba evidente de cómo este sistema de justicia politizado y prevaricador persigue a militares y policías que derrotaron el terrorismo”.
Las declaraciones de Rospigliosi motivaron una respuesta inmediata de la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEM), organización que rechazó enfáticamente los señalamientos de prevaricato contra jueces que ejercen control difuso. Recordaron que este mecanismo es un deber funcional ineludible del Poder Judicial para garantizar la supremacía de la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos.
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