
La Fiscalía sostuvo que Ciro Castillo Rojo, suspendido gobernador regional del Callao, habría ordenado la construcción de una presunta “ruta de escape” que conectaría su oficina con un garaje vehicular del Gobierno Regional del Callao (Gore Callao), como parte de los argumentos para sustentar el pedido de 36 meses de prisión preventiva en su contra.
El requerimiento fiscal se enmarca en la investigación que afronta Castillo Rojo por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada, dentro del caso denominado ‘Los socios del Callao’. Durante la audiencia, el Ministerio Público remarcó que el exfuncionario se encuentra prófugo de la justicia desde que se solicitó una detención preliminar por 15 días y se ejecutó un allanamiento en su domicilio, el pasado 15 de diciembre.
En ese contexto, el fiscal Wils González Morales argumentó que no existiría arraigo domiciliario suficiente y que habría un riesgo concreto de fuga. Para sustentar esta posición, presentó un acta de constatación y verificación policial realizada el 23 de diciembre en la sede del Gore Callao, en la que se consignó la existencia de trabajos de construcción no sustentados documentalmente, realizados fuera del horario habitual, que habrían permitido una salida rápida hacia el exterior del edificio.

Presunta ‘ruta de escape’ dentro del Gore Callao
Según explicó el representante del Ministerio Público, el acta policial “acredita la conexión entre la oficina del gobernador regional del Callao y un garaje vehicular, sin documento alguno que sustente la necesidad y viabilidad del mismo”, precisando que los trabajos se habrían ejecutado entre las 17:00 y 19:00 horas. En palabras del fiscal, esta infraestructura “facilitaría el traslado del gobernador regional rápidamente a los exteriores de dicha entidad, pudiendo ser considerado como una puerta de escape”.
El fiscal añadió que este hecho evidenciaría “la actitud del investigado para eludir la justicia”, al haber presuntamente ordenado la construcción de esta ruta fuera del horario laboral y sin la documentación correspondiente. Para la Fiscalía, este elemento refuerza el argumento de peligro de fuga, uno de los presupuestos centrales del pedido de prisión preventiva formulado contra Castillo Rojo.
Durante la misma audiencia, el Ministerio Público también resaltó la “estrecha vinculación” entre Ciro Castillo y Jimmy Alexander Whu Cárdenas, asesor FAG del Gore Callao. De acuerdo con la Fiscalía, dicha relación se habría iniciado incluso antes de la contratación de Whu Cárdenas, quien, según la declaración del testigo Marco Antonio Cabrera, habría sido financista de la campaña electoral de Castillo. La tesis fiscal sostiene que Castillo Rojo, Whu Cárdenas y la funcionaria Hiromi Zuñiga habrían integrado una organización criminal que operó durante el año 2023.

Defensa de Ciro Castillo responde
Frente a estas afirmaciones, la defensa de Ciro Castillo rechazó la existencia de una “ruta de escape” con fines de huida. Humberto Abanto, abogado del suspendido gobernador regional, cuestionó que el denominado “forado” mencionado por la Fiscalía se encuentre siquiera en una oficina utilizada por su patrocinado. “Esa oficina no la está usando el señor Castillo, en primer lugar, porque como tiene una artrosis deformante en la rodilla derecha, había trasladado su oficina al primer piso, en un edificio contiguo”, sostuvo.
El letrado ironizó sobre el destino de la supuesta ruta, señalando: “¿A dónde cree que conduce ese forado del que habla el señor fiscal? ¿A un túnel secreto que conecta la sede del Gobierno Regional del Callao con la pista de despegue del nuevo terminal del Aeropuerto Jorge Chávez? No, su señoría”. Según Abanto, la construcción solo conduciría a “la vía interna del edificio donde está el Gobierno regional”, por lo que no permitiría una fuga real al exterior.

Asimismo, el abogado indicó que el Ministerio Público no habría verificado adecuadamente dónde despachaba Castillo Rojo y reiteró que la supuesta ruta desembocaba únicamente en el circuito interno del edificio. “¿A dónde fugaría? Va a estar dando vueltas dentro de las instalaciones. Ni siquiera se verifica dónde efectivamente estaba despachando el señor Castillo”, afirmó. Finalmente, cuestionó la solidez del pedido fiscal al señalar que “no hay graves y fundados elementos de convicción” ni una motivación individualizada que justifique el plazo de 36 meses de prisión preventiva, además de sostener que su defendido cuenta con arraigo domiciliario, laboral y por motivos de salud.
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