Volver a la esencia: Ordenar integralmente los feriados en Perú

Los feriados en nuestro país nacieron como una expresión colectiva para preservar la memoria histórica y buscar cohesión social e identidad nacional. Sin embargo, en los últimos años se han desnaturalizado por falta de criterios técnicos en su creación y por no medir su impacto. Por muchas décadas, tuvimos 12 feriados anuales pagados (hasta el año 2022), pero nuestros actuales congresistas aprobaron 4 nuevos y lo elevaron a 16: Día de la FAP y del capitán José Abelardo Quiñones (23 de julio); Batalla de Arica y Día de la Bandera (7 de junio); Batalla de Junín (6 de agosto) y de Ayacucho (9 de diciembre). Si a ello se suman los 30 días de vacaciones anuales, llegamos a 46 días, un récord mundial, sin sumar los feriados regionales (“Festival de la Primavera”) o gremiales (“Día del Trabajador Municipal”), que también existen.

Así, los feriados han dejado de ser fiestas cívicas y momentos de conmemoración nacional para convertirse, en muchos casos, en celebraciones con descansos sin propósito, con efectos negativos sobre la productividad y la prestación de servicios públicos. Según el BCRP, si bien puede haber algunos impactos positivos en el turismo, el efecto es negativo en muchas otras actividades como la manufactura, electricidad, construcción y otros. Además, la gran mayoría de trabajadores informales e independientes viven del “dia a día” y pierden ingresos si no trabajan.

La norma principal que señala los feriados en el Perú tiene más de 30 años: es el Decreto Legislativo 713, de noviembre de 1991. Dicha norma no señala objetivos claros para los feriados, tampoco establece criterios para definir cuándo decretarlo, dejando la puerta abierta para añadir más días casi por cualquier causa. Incluso, existen los días “no laborables” que son decretados por el Poder Ejecutivo, generando confusión normativa y distorsiones en el calendario laboral. Esta proliferación de feriados no ha respondido a una política pública clara, sino a decisiones fragmentadas y hasta populistas y afectan a sectores clave.

Debemos ir hacia una revisión y ordenamiento integral, partiendo de algunos principios. Primero: su esencialidad. Deberíamos preservar únicamente aquellos feriados que representan hitos históricos, de gran impacto religioso o cultural y de alto consenso nacional. Segundo: su racionalidad económica. Se debería evaluar su impacto económico, en la productividad y en el empleo formal e informal y también si realmente contribuyen a la memoria histórica e identidad nacional. Y tercero: orden normativo. Se debe establecer reglas claras sobre su creación, su traslado, la compensación o recuperación de feriados y regular mejor los días “no laborables”.

Las propuestas de reforma deberían ordenar y, eventualmente, reducir los feriados existentes, establecer criterios técnicos y objetivos para nuevos feriados, regular el traslado de fechas al viernes o lunes (“feriados puente”), clarificar la situación de los feriados “no laborables” y definir criterios para los feriados regionales o de otro tipo. Necesitamos eficiencia normativa y articular una política coherente, escuchando a los involucrados.

Los feriados deben ser lo que siempre fueron: momentos de reflexión, de preservación de memoria colectiva, identidad nacional y cohesión social. No simples pausas que fragmentan el calendario sin propósito.

Una reforma bien hecha permitiría al país avanzar hacia un modelo que combine respeto por la memoria colectiva con responsabilidad económica. Es hora de ordenar, de recuperar la esencia y salir de la banalización en que ha caído una institución laboral tan importante.