El negocio de la prescripción: multas de tránsito desaparecen a las puertas del SAT

En las inmediaciones de la sede del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la presencia de tramitadores informales se ha convertido en una constante para los conductores de colectivos informales. Estos intermediarios prometen eliminar las multas de tránsito que pesan sobre quienes operan vehículos de transporte sin autorización, aprovechando los vacíos y demoras del sistema administrativo.

Estrategias para evadir sanciones

Cerca de la sede del SAT, los tramitadores informales ofrecen a los colectiveros la posibilidad de obtener la prescripción de sus multas. El procedimiento consiste en dilatar los procesos administrativos mediante impugnaciones y trámites, con el objetivo de que las sanciones queden sin efecto pasado un periodo de dos años sin notificación formal. De este modo, las multas permanecen en un estado de suspensión, a la espera de que el tiempo transcurra hasta su prescripción.

Este tipo de prácticas ha encontrado terreno fértil en avenidas como Arequipa y Javier Prado, donde el transporte informal prolifera sin control. Los conductores de estos colectivos acumulan multas que en algunos casos superan los cientos de miles de soles, lo que convierte la anulación de papeletas en un negocio rentable para quienes ofrecen sus servicios en la calle.

Un sistema permisivo que incentiva la informalidad

La facilidad con la que se eluden las sanciones ha generado un círculo vicioso. Según, un informe de 24 Horas Noticias, por cada diez papeletas impuestas, solo una se paga, lo que equivale a un cumplimiento del diez por ciento. Esta situación revela la ineficacia del sistema sancionador y alienta la persistencia de los colectivos informales, que operan sin temor a consecuencias reales.

Cada año, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y el SAT imponen alrededor de un millón de papeletas a conductores infractores. Muchas de estas multas pueden alcanzar montos superiores a los diez mil soles. Sin embargo, la percepción generalizada es que la sanción es solo un trámite sin mayor trascendencia, ya que existen mecanismos para congelar la deuda hasta que prescriba.

Nuevas acciones penales: una respuesta limitada

Frente a la magnitud del problema, en los últimos días han comenzado a registrarse denuncias penales contra conductores de colectivos. Las notificaciones y citaciones del Ministerio Público evidencian el inicio de procesos judiciales por exposición al peligro, con penas que pueden llegar hasta los tres años de prisión suspendida.

La ATU dispone desde el 2020 de la facultad para denunciar penalmente a quienes presten servicios de taxi colectivo sin autorización. Sin embargo, la ausencia de cárcel efectiva y la persistencia de la impunidad hacen que estas medidas resulten poco disuasivas. Los colectiveros continúan ofreciendo el servicio a diario, sin respetar las normas de tránsito, sobrepasando los límites de velocidad y generando una competencia desleal al sistema formal de transporte.

Un problema de seguridad vial y salud pública

La problemática del transporte informal no termina en la evasión de multas. En el Perú, mueren alrededor de 3.500 personas al año en accidentes de tránsito. Los colectivos informales representan una parte significativa de este fenómeno, operando sin radares, ni comunicación por radio, y aumentando el riesgo tanto para pasajeros como para peatones. La impunidad con la que circulan estos vehículos contribuye a un sistema de transporte inseguro y desregulado, que afecta a toda la sociedad.

La proliferación de tramitadores y la facilidad para esquivar sanciones reflejan la necesidad urgente de una reforma integral en la fiscalización y sanción de la informalidad en el transporte. Mientras tanto, la avenida Arequipa y otras vías principales se mantienen como escenarios donde la ley parece estar en pausa, y la seguridad vial, en permanente riesgo.