El Tercer Juzgado Superior de Investigación Preparatoria de Lima declaró fundado el requerimiento de sobreseimiento en la investigación preparatoria seguida contra el fiscal José Domingo Pérez Gómez por presunto enriquecimiento ilícito, tras determinarse la inexistencia de pruebas que justifiquen una acusación formal. La decisión concluye así un proceso que se extendió durante casi dos años e incluyó una exhaustiva revisión de las finanzas del funcionario.
El caso se inició a partir de la denuncia presentada por la ciudadana Patricia Carolina Tubilla Casanova, quien puso en duda la capacidad económica de Pérez Gómez para adquirir un vehículo Volvo, el cual habría superado sus ingresos declarados, además de señalar gastos asociados a créditos hipotecarios por inmuebles en Miraflores.
Con base en estos hechos, la Primera Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima inició diligencias preliminares el 1 de diciembre de 2023 e impulsó una investigación que abarcó el análisis patrimonial del fiscal desde diciembre de 2011 a diciembre de 2023, extendiéndose luego al periodo comprendido entre enero de 2014 y marzo de 2021, conforme delimitó la Corte Suprema.
Durante el proceso se practicaron diversos peritajes contables financieros, a cargo de los especialistas Margalida Salinas Moncada y Richard Daniel Sánchez Solórzano, quienes fueron designados por el Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía.
El primer informe, fechado en julio de 2024, concluyó la existencia de un desbalance patrimonial no justificado por un monto de S/ 65,362.99, correspondiente a ciertos meses entre 2018 y 2022, e identificó operaciones financieras sin sustento documental. Posteriormente, y a pedido del propio investigado, se incorporaron nuevas pruebas y se emitieron informes complementarios que reevaluaron los flujos de ingresos y egresos, así como la información patrimonial de su cónyuge, Vanessa Aydee Medina Muñoz.
La clave del caso estuvo en el Informe Pericial Contable Financiero N°21-2025, presentado en agosto de 2025. Al comparar ingresos y egresos de Pérez Gómez en el periodo reducido por orden del tribunal (de enero de 2014 a marzo de 2021), los peritos determinaron que el funcionario tenía un saldo acumulado a su favor de S/ 21,792.51, por lo cual no existía incremento patrimonial ilícito. Ni el propio imputado ni la Procuraduría formularon observaciones a este peritaje, lo que reforzó la postura del Ministerio Público para requerir el archivo.
El fiscal Pérez Gómez, quien ejerció su autodefensa, argumentó que el presunto desbalance patrimonial denunciado quedó descartado a partir del análisis técnico entre sus ingresos oficiales y sus egresos, en estricta proporción con su labor y remuneración como fiscal. Su defensa enfatizó que la mera posesión de recursos o bienes no constituye delito, si estos pueden ser justificados legítimamente según lo que exige el tipo penal de enriquecimiento ilícito regulado en el artículo 401 del Código Penal peruano.
La resolución también ordenó el levantamiento de las medidas coercitivas personales y reales que pudieran haber estado vigentes contra el fiscal, así como la notificación correspondiente a las entidades involucradas.
Segunda investigación archivada en menos de una semana
En la víspera, la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos archivó de forma definitiva la investigación preliminar iniciada contra el fiscal superior Rafael Vela, el fiscal provincial José Domingo Pérez y el periodista Gustavo Gorriti, proceso que tuvo origen en las declaraciones del exasesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva.
La Fiscalía destacó que todas las imputaciones fueron sustentadas únicamente en la declaración incriminatoria de un “testigo único y de referencia”, singularidad que carece de valor demostrativo autónomo cuando no se encuentra corroborada por elementos independientes.
Cabe mencionar que, aunque la investigación fiscal ha sido archivada, se dispuso informar a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público para que revise la eventual existencia de infracciones administrativas atribuibles a José Domingo Pérez.
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