Crueldad en Chiclayo: carnicero es acusado de matar a perro con machete por llevarse un hueso

En el distrito de Santa Rosa, a media hora de Chiclayo, un caso de crueldad animal generó conmoción entre vecinos y comerciantes del mercado local. Un perro conocido como Lalito, que había escapado recientemente de un refugio de la zona, terminó perdiendo la vida en circunstancias que provocaron indignación inmediata. La denuncia apunta a un comerciante de carnes, quien habría reaccionado de manera violenta luego de que el animal tomara un hueso de su puesto, desencadenando una persecución que terminó en plena calle.

Testigos afirmaron que el hombre, identificado por los vecinos como Pedro Ángel Luren Gonzales, habría utilizado un machete para agredir al perro en reiteradas ocasiones, incluso cuando el animal ya no podía defenderse. La escena estremeció a los presentes, quienes alertaron a la Policía Nacional del Perú (PNP) para evitar que el presunto agresor escapara del lugar. Poco después, agentes de la comisaría detuvieron al comerciante mientras se verificaban los testimonios y la denuncia formal presentada por la responsable del refugio al que pertenecía Lalito.

Denuncia, testigos y temor a represalias

La propietaria del perro explicó que Lalito formaba parte de un refugio animal ubicado cerca del mercado de Santa Rosa y que se había escapado el mismo día del ataque. “Como a todo perro, a veces les gusta estar y otras no”, dijo ante la prensa local, relatando que el animal solo había tomado un trozo de hueso antes de ser perseguido. De acuerdo con su testimonio, el comerciante lo alcanzó en una calle cercana y le propinó dos golpes en la cabeza con el machete, dejándolo gravemente herido. “Le ha dado dos machetazos en el cerebro, donde el perrito desangrado no ha tenido ni para dar”, declaró entre lágrimas.

Vecinos que presenciaron el hecho pidieron que el caso no quede impune y exigieron sanciones severas contra el comerciante. Algunos señalaron que temen posibles actos de intimidación si el denunciado queda en libertad en las próximas horas, pues continuaría trabajando en la misma zona del mercado donde ocurrió la agresión. La difusión del caso en redes sociales incrementó la presión pública, con decenas de usuarios solicitando apoyo para que las autoridades actúen con rapidez.

Los voluntarios del refugio iniciaron una campaña para visibilizar lo ocurrido y aseguraron que acudirán a todas las instancias posibles para garantizar que la muerte de Lalito no quede sin respuesta. También pidieron reforzar la vigilancia en los alrededores para evitar nuevos episodios de violencia contra animales, especialmente en espacios públicos como mercados y zonas comerciales.

Propuesta del Congreso busca crear registros de maltratadores y reforzar controles de adopción

El congresista Guido Bellido, de la bancada de Podemos Perú, presentó el Proyecto de Ley 12124 con el fin de instaurar un Registro Nacional de Maltratadores de Animales. Este padrón, administrado por el Poder Judicial, incluiría a toda persona que cuente con una sentencia firme por el delito de maltrato o crueldad animal, de acuerdo con el artículo 206-A del Código Penal. Los inscritos quedarían impedidos de adoptar, comprar, criar o tener animales bajo su cuidado, además de no poder ejercer actividades laborales o comerciales relacionadas con su manejo o bienestar. La medida requiere incorporar los artículos 33-A y 33-B en la Ley 30407.

La iniciativa también plantea que cualquier establecimiento o persona dedicada a la venta, adopción o custodia de animales deberá consultar obligatoriamente el registro antes de concretar una entrega o transferencia. Para ello, el padrón incluirá datos como nombre completo, documento de identidad, número de sentencia, fecha de sanción, tipo de agresión cometida y el tiempo de prohibición de tenencia. La propuesta establece que su implementación se financiará con el presupuesto institucional del Poder Judicial, sin solicitar recursos adicionales al Tesoro Público, mientras que el Ejecutivo deberá elaborar el reglamento en un plazo máximo de 30 días.