Chile y Perú se vuelven a reunir para discutir sobre la migración irregular en la frontera: ¿Qué se decidió?

Autoridades consulares y migratorias de Perú y Chile sostuvieron una reunión de alto nivel en la ciudad de Tacna, este martes 9 de diciembre. La discusión se centró sobre qué medidas se puede implementar para desincentivar flujos migratorios irregulares y promover un proceso de entrada regular, ordenada y seguro.

Entre las actividades programadas, trabajaron en la formulación de recomendación técnica que serán elevadas a sus respectivas cancillerías. Así, buscan fortalecer la gestión conjunta en la frontera y tener ingresos de extranjeros más eficientes. Las delegaciones estuvieron compuestas de la siguiente manera:

• Perú: embajador Pedro Bravo Carranza, director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, y Alberto Balladares Ramírez, superintendente nacional de Migraciones.
• Chile: embajadora Marta Bonet Guerricabeitia, directora general de Asuntos Consulares, Inmigración y de Chilenos en el Exterior, y por Luis Eduardo Thayer Correa, director nacional del Servicio Nacional de Migraciones.

Esta cita se gestó como parte de los acuerdos de la primera reunión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria. Durante el encuentro, se destacó la importancia de tener un diálogo permanente para fortalecer la cooperación en temas de migración.

La posición oficial del Perú es que no tienen la “capacidad para recibir a más migrantes”, de acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Hugo de Zela. Además, dijo que la política del gobierno de José jerí responde a la saturación de los servicios básicos y a la presencia previa de cientos de miles de extranjeros ya radicados en el país. “Las capacidades están ya colmadas”, aseguró.

Perú decretó estado de emeregncia

El Gobierno de Perú declaró el estado de emergencia por 60 días en varios distritos fronterizos de los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Madre de Dios, Piura, Puno y Ucayali. La medida busca contener la migración irregular y hacer frente a delitos como el tráfico de drogas, trata de personas, contrabando y otros hechos delictivos en las zonas limítrofes.

A partir de esta decisión, la Policía Nacional del Perú (PNP) asume el control del orden interno en los distritos comprendidos, con apoyo de las Fuerzas Armadas y los cuerpos de Serenazgo municipales. El decreto establece restricciones temporales a derechos constitucionales como la libertad de tránsito, reunión, inviolabilidad del domicilio y seguridad personal, con el objetivo de reforzar los controles y la vigilancia en territorios señalados por el Poder Ejecutivo.

Las disposiciones incluyen patrullas constantes, controles de identidad, operaciones de decomiso de armas, fiscalización de actividades ilegales y monitoreo de pasos no autorizados con drones. Comandos de Coordinación Operativa Unificada conducen las acciones integradas en cada región, apoyados por comités de inteligencia y fiscalización.

Entre los lugares afectados figuran El Cenepa y Río Santiago (Amazonas), Namballe (Cajamarca), Iberia, Tahuamanu e Iñapari (Madre de Dios), Lancones, Suyo y Ayabaca (Piura), además de varios distritos en Puno y Ucayali.

La declaratoria surge en respuesta a informes policiales que advertían sobre el incremento de delitos en las fronteras, especialmente ante el flujo migratorio irregular desde el sur. La crisis se intensificó tras las declaraciones en Chile del candidato presidencial José Antonio Kast, quien advirtió a los migrantes indocumentados que debían abandonar el país voluntariamente o afrontar expulsiones, lo cual generó alerta en el gobierno peruano ante el posible aumento de ingresos por la frontera en Tacna.