El Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP) podrán revisar, extraer información y analizar equipos informáticos hallados en flagrancia o en penales, con relación a los delitos de extorsión, sicariato o secuestro.
Para ello, el gobierno de José Jerí modificará el Código Procesal Penal, anunció el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS). Asimismo, regularán el procedimiento inmediato de deslacrado, extracción y análisis de muestras de estos equipos informativo o terminales móviles.
Con esto, señala la cartera, se accederá de forma rápida a evidencia delictiva contenida en equipos informáticos y celulares, sin necesidad de autorización judicial, lo que permitirá identificar presuntos autores y posibles víctimas.
Recientemente, el Pleno del Congreso de la República aprobó en segunda votación delegar facultades al Poder Ejecutivo para legislar en seguridad ciudadana, crecimiento económico, fortalecimiento institucional y criminalidad organizada. La propuesta obtuvo 80 votos a favor y 19 en contra, por lo que la iniciativa quedó lista para su envío al gobierno para su eventual promulgación. El dictamen, por otra parte, fue exonerado de una segunda votación formal, tras obtener 80 votos a favor, 20 en contra y ninguna abstención.
En el sistema penitenciario peruano, más de 26 mil reclusos cumplen condena o prisión preventiva por delitos asociados a extorsión, secuestro y homicidio, lo que representa un reflejo de la creciente presión ejercida por el crimen organizado en el país.
Condenas por secuestro y extorsión
De acuerdo a las cifras del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en los últimos años creció la proporción de internos relacionados con organizaciones criminales, especialmente en las prisiones de Lima, Callao y Trujillo. Los delitos de extorsión y secuestro muestran una tendencia al alza, vinculados frecuentemente a bandas que continúan dirigiendo actividades ilícitas desde el interior de los establecimientos penitenciarios.
En este aspecto también entra la sobrepoblación carcelaria que agrava el panorama y dificulta la labor de vigilancia y control al interior de los penales. Los especialistas advierten que los grupos de crimen organizado han desarrollado estructuras que les permiten operar con relativa impunidad, valiéndose de complicidades y corruptelas para mantener sus redes activas. El fenómeno también contribuye a la proliferación de violencia dentro de las cárceles, afectando tanto a internos como al personal penitenciario.
Las autoridades han dado a conocer diversas medidas frente a esta problemática, entre las que destacan la reubicación de cabecillas, el fortalecimiento de la inteligencia penitenciaria y el refuerzo de protocolos de seguridad. Además, se coordina con unidades policiales especializadas para el seguimiento de llamadas extorsivas y actividades sospechosas surgidas desde los penales. No obstante, el INPE reconoce que el avance del crimen organizado mantiene bajo presión al sistema carcelario peruano.
Solo hasta octubre del 2025, el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadanadel Ministerio del Interior detectó que a nivel nacional se presentaron un total de 23 mil 213 denuncias de extorsión, una cantidad muy superior a las 18 mil 215 reportadas durante todo el 2024. Lima Metropolitana acumula un total de 9.750 y concentra más del 30 % del total a nivel del Perú.
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