Rafael López Aliaga amenaza con disolver el Congreso si no aprueba un ‘shock de leyes’ para “transformar el Perú”

Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular, anunció en el distrito de Chorrillos su intención de realizar lo que él llama un “shock de cincuenta leyes” que deberán ser aprobadas por el nuevo Congreso bicameral, con el objetivo de transformar la estructura del Estado peruano en apenas seis meses en caso de ganar las Elecciones 2026.

Durante su encuentro con seguidores, el líder del partido también lanzó una amenaza a los próximos integrantes del Congreso: “Si no se aprueba (su paquete de 50 leyes), se van a su casa. Para eso está el voto popular”, en referencia a la posibilidad de disolver el Parlamento si este bloquea su agenda legislativa.

Pese al anuncio, es necesario recordar que en el caso hipotético de una victoria de Renovación Popular, esta decisión sería inconstitucional, pues no se encuentra estipulado en ninguno de los supuestos que permiten a un Jefe de Estado realizar esta acción, que fue limitada por el propio Congreso en el año 2021.

Cuestión de confianza para impulsar leyes es ilegal

Acompañado por Norma Yarrow, candidata a la vicepresidencia y secretaria general de Renovación Popular; y por Roberto Pizarro, coordinador distrital; López Aliaga anticipó que este paquete legislativo será presentado el próximo 28 de julio como cuestión de confianza.

Sin embargo, la idea de plantear cuestión de confianza para impulsar la aprobación de leyes ya no está permitido a raíz de la publicación de la Ley 31355 promulgada en 2021 y que limita esta posibilidad. Es por ello que la presentación de este recurso para forzar una aprobación del paquete de normas bajo amenaza de disolver el Parlamento sería ilegal.

En el año 2022 la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, liderada por el entonces congresista de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, archivó un proyecto de ley que pretendía derogar la Ley 31355 y, por lo tanto, restituir el poder del Ejecutivo de presentar cuestiones de confianza para impulsar la aprobación de leyes.

¿Qué propone el paquete de Rafael López Aliaga?

El núcleo del plan anunciado por Rafael López Aliaga implica la reducción de ministerios, de diecinueve a solo seis. Según el candidato, esta reestructuración permitiría que el Estado se vuelva más eficiente, austero y orientado a resultados. Esto, nuevamente, estaría pendiente de aprobación de la Cámara de Senadores y luego de Diputados

Dentro de su propuesta, López Aliaga incluyó la implementación de un programa de compra de renuncias enfocado en recortar la planilla pública. Los recursos obtenidos, aseguró, se asignarán a inversiones que considera prioritarias si asume el Ejecutivo.

El manejo del presupuesto nacional fue otro de los puntos destacados. Proyectó dividir el gasto público en partes iguales: cincuenta por ciento para inversión y cincuenta por ciento para gasto corriente, acompañada de la eliminación de “consultorías, asesorías y contratos innecesarios”, una estrategia que supuestamente llevó a la Municipalidad de Lima.

Sin embargo, un informe de Ojo Público reveló que durante la gestión de Rafael López Aliaga la comuna limeña contrató a 205 militantes de Renovación Popular por más de S/7 millones en 1.273 órdenes de servicio

Propuestas de seguridad ciudadana

En materia de seguridad ciudadana, el candidato anunció una inversión de USD 1.000 millones en inteligencia policial. Este monto se destinará a dotar a las fuerzas del orden de equipos modernos de geolocalización, tecnología de rastreo, sistemas de escucha legal y herramientas para luchar contra la extorsión.

Durante su intervención, Rafael López Aliaga hizo referencia a exintegrantes del GEIN, quienes combatieron al terrorismo y lograron la captura de Abimael Guzmán. Sin embargo, hasta el momento no ha podido mencionar logros tangibles obtenidos por el Grupo Especializado de Inteligencia Municipal (GEIM), instalado durante su gestión en la Municipalidad de Lima y que está a cargo del General (r) PNP José Baella, quien también fue parte del GEIN.

Entre las medidas urgentes mencionadas durante el mitin en Chorrillos, Rafael López Aliaga también apuntó contra la venta de chips telefónicos sin autorización, el combate al mercado negro de celulares robados y el incremento de la presencia policial a nivel nacional.

Con respecto a los de chips de telefonía, su venta en las calles de forma ambulatoria ya está completamente prohibida y fue declarada ilegal. No existe una autorización para ello. El 30 de septiembre de este año, el diario El Peruano publicó una norma que modificó el Código Penal para introducir la pena de cárcel por comercialización ilegal de tarjetas SIM y servicios móviles.

López Aliaga también propuso restituir los jueces sin rostro y ofreció protección total a magistrados y fiscales, además de plantear penas de cadena perpetua para sicarios, extorsionadores, violadores de menores y corruptos. Sin embargo, la aplicación de un juzgado con magistrados anónimos o encapuchados es contraria a la norma internacional y violaría tratados internacionales suscritos por el Perú, como el Pacto de San José.

Por otro lado, las penas de cadena perpetua para sicarios y extorsionadores ya son una realidad desde el 22 de septiembre de este año, cuando se promulgó la Ley 32446, que incorpora el delito de criminalidad sistemática en el Código Penal y castiga con la pena de cadena perpetua contra quienes comentan delitos como extorsión, sicariato, secuestro, homicidio calificado o robo agravado.

Esta norma aplica este tipo de condenas para criminales que utilicen “municiones, armamento de fuego militar o civil, artefactos explosivos u otros de similares características” para cometer estos delitos.

Adicionalmente, sugirió trasladar a los cabecillas del “terrorismo urbano” a colonias de trabajo en la selva y la expulsión inmediata de delincuentes extranjeros. “Los ilegales se van. El Perú se respeta. Bienvenido el que venga legal”, expresó en el mitin en Chorrillos.