El caso que involucra a Rosa Vásquez Cuadrado tomó relevancia nacional luego de que el Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Ate determinó su responsabilidad en el delito de peculado doloso agravado. El fallo dictado establece una condena de nueve años y cinco meses de prisión para la funcionaria, además de la obligación de afrontar una reparación civil de S/ 100 mil. Estos hechos se enmarcan en un conjunto de presuntas irregularidades detectadas en procesos de contratación y adquisiciones de bienes y servicios durante la gestión de Vásquez Cuadrado entre 2023 y 2025.
Las indagaciones se centraron en la existencia de contratos sospechosos y adjudicaciones a empresas específicas. Medios informaron que esta medida adoptada por el tribunal podría quedar suspendida si se presenta un recurso y es revisada por una instancia superior, pero mientras tanto la sentencia permanece firme y ha provocado repercusiones inmediatas en el ámbito político y administrativo de la región.
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La investigación
El proceso judicial, impulsado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaura y respaldado por evidencia recabada por la Policía Nacional a través de la Dircocor, no solo involucra a la gobernadora, sino que también implica a integrantes de su gestión. La Fiscalía sostiene que un grupo de funcionarios habría facilitado, de manera intencionada, la contratación de CESOLIV Servicios Generales E.I.R.L., empresa señalada por beneficiarse de adjudicaciones irregulares.
El fiscal Cristian Manrique detalló que son ocho los investigados en el proceso actual. La pesquisa no se limita solo a su reciente administración: también se rastrean posibles delitos cometidos por Vásquez Cuadrado en su anterior rol como alcaldesa de la provincia de Huarochirí. Allí, las autoridades detectaron deficiencias en la ejecución de obras públicas y la gestión de recursos municipales, lo que añadía elementos al expediente en su contra.
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Operativo “Los Compadres de la Corrupción”
Las acciones judiciales se intensificaron en noviembre con la realización del operativo ‘Los Compadres de la Corrupción’, bajo la coordinación del Segundo Despacho de la Fiscalía y la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional. Esta operación contempló once allanamientos ejecutados simultáneamente en las provincias de Lima, Huaura-Huacho y Huarochirí, en los que se incautó documentación relevante y se recolectaron pruebas relativas a la presunta red de corrupción dentro de la administración regional.
Durante el operativo se intervino oficinas y domicilios relacionados no solo con la figura de la gobernadora, sino también con otros exfuncionarios y representantes de empresas bajo sospecha. La magnitud del despliegue policial y fiscal reflejó la seriedad de las imputaciones y el alcance de la investigación, que continúa abierta mientras se evalúa la magnitud de los delitos atribuidos a los involucrados.
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Posición institucional
El Gobierno Regional de Lima reaccionó formalmente ante la ofensiva judicial. En un comunicado oficial, la entidad aseguró: “Se han ofrecido todas las facilidades necesarias para recabar información y esclarecer las investigaciones emprendidas”, reiterando su compromiso con la transparencia, la legalidad y la lucha contra la corrupción. El mensaje institucional enfatizó la voluntad del gobierno regional de colaborar con la justicia y contribuir con todas las etapas de la investigación.
A pesar de la sentencia y la tensión política generada, el gobierno regional ratificó que continuará su trabajo enfocado en la gestión de servicios y proyectos para las nueve provincias de la región. La administración llamó a la ciudadanía a conservar la calma y depositar confianza en la labor de las autoridades, asegurando que las actividades institucionales siguen desarrollándose conforme a los principios de integridad y vocación de servicio.
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La condena impuesta a Rosa Vásquez Cuadrado constituye un hecho relevante para la opinión pública y sienta un precedente en la aplicación de sanciones contra la corrupción en el ámbito de los gobiernos regionales. Las pesquisas siguen curso para precisar la extensión de las irregularidades detectadas y determinar la eventual responsabilidad de todos los funcionarios mencionados en el caso.
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