Relatora de la ONU denuncia ataques severos a la independencia de la fiscal Delia Espinoza

La inhabilitación por diez años de la fiscal de la Nación suspendida, Delia Espinoza, decidida el 25 de noviembre por la Comisión Permanente del Congreso peruano, ha generado una fuerte ola de críticas y preocupación tanto en el país como en el ámbito internacional. Expertos y organizaciones alertan que la medida supone una amenaza directa al Estado de derecho y al combate contra el crimen organizado.

La sanción fue aprobada con dieciséis votos a favor, y se complementó con la autorización para investigar penalmente a Espinoza por presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y usurpación de funciones. La acusación se centró en la firma de un documento que orientaba el trabajo de fiscales y la Policía Nacional del Perú en investigaciones preliminares, lo cual, según los congresistas denunciantes, contradice una reciente ley que devuelve a la Policía el liderazgo en estas diligencias.

Preocupación internacional

La Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, manifestó “profunda preocupación” frente a lo que describió como una ofensiva coordinada para obstaculizar la labor de Espinoza. Satterthwaite destacó que los procesos disciplinarios, la suspensión de sus funciones y la reducción de su protección personal constituyen “una amenaza directa para la integridad y la imparcialidad de los procedimientos judiciales”.

El proceso disciplinario contra Espinoza —iniciado en septiembre y tramitado de forma acelerada— culminó con una suspensión de seis meses. Aunque un tribunal resolvió que se habían vulnerado sus derechos y ordenó su reincorporación en octubre, la decisión no fue acatada. Además, el juez que dispuso su regreso fue objeto de una investigación por abuso de autoridad, lo que la relatora consideró una represalia injustificada. Satterthwaite subrayó que “los jueces no deben sufrir represalias por el contenido de sus decisiones judiciales”.

Para la representante de la ONU, la independencia judicial resulta esencial para el funcionamiento democrático y exigió al Estado peruano abstenerse de interferir en las labores de fiscales y jueces.

Denuncias de “ataque frontal” y debilitamiento institucional

La preocupación se refleja también en el comunicado conjunto firmado por el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Robert F. Kennedy Human Rights, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), que califican la inhabilitación de Espinoza como un “ataque frontal” al Ministerio Público y una grave amenaza para la capacidad estatal de perseguir el crimen organizado.

De acuerdo a estas entidades, la denuncia constitucional y la sanción se insertan en una estrategia más amplia para debilitar a la Fiscalía y transferir competencias a la Policía Nacional, dependiente del Ejecutivo. El comunicado advierte que “la Ley 32130 es solo una pieza más de normas calificadas como ‘pro-crimen’, que han debilitado sistemáticamente la capacidad de la Fiscalía para enfrentar la criminalidad organizada”. Además, se recuerda que una parte considerable del Congreso se encuentra bajo investigación judicial: de los cien treinta congresistas, cincuenta y cuatro tienen investigaciones previas, sesenta y tres indagaciones preliminares y diez han recibido denuncias constitucionales.

Según las organizaciones firmantes, el Congreso busca protegerse e impedir el avance de investigaciones que lo involucran. El caso de Espinoza replica el de la fiscal Zoraida Ávalos, inhabilitada en 2023, y evidencia un “deterioro acelerado de la democracia peruana”.

Espinoza denuncia arbitrariedades y advierte una “dictadura parlamentaria”

Tras la decisión, Delia Espinoza denunció públicamente múltiples arbitrariedades en su contra y advirtió que, con medidas como esta, el país se encontraría bajo una “dictadura parlamentaria”. Para muchos, el desarrollo de este caso será clave para medir la salud institucional, la independencia judicial y el equilibrio de poderes en Perú, aspectos que hoy reciben el escrutinio de la comunidad internacional.