Inhabilitación de Delia Espinoza es un “ataque frontal a la independencia de la Fiscalía”, según organizaciones internacionales

El respaldo a la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ahora llega desde el extranjero. Un conjunto de organizaciones internacionales, firmaron un comunicado en el que alertan sobre un grave peligro para la independencia judicial en Perú luego de que la Comisión Permanente del Congreso recomendara la inhabilitación durante diez años de la fiscal suprema

El documento, firmado por el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Robert F. Kennedy Human Rights, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), califica la medida como un “ataque frontal” al Ministerio Público y advirtieron sobre el impacto en el Estado de derecho y la lucha contra el crimen organizado.

Riesgo para la independencia judicial

De acuerdo con el comunicado oficial, la denuncia constitucional que originó el proceso contra Espinoza se inserta en una serie de medidas legislativas dirigidas a debilitar la Fiscalía y transferir funciones centrales de investigación a la Policía Nacional, entidad subordinada al Ejecutivo.

“La Ley 32130 es solo una pieza más de un paquete de medidas aprobadas por el Congreso, ampliamente calificadas como normas “pro-crimen”, que han socavado de manera sistemática la capacidad de la Fiscalía para enfrentar a las redes de criminalidad organizada”, indican las organizacions, quienes además recordaron que una parte significativa del Congreso enfrenta investigaciones y denuncias constitucionales.

En el pronunciamiento se afirma que de los 130 congresistas, 54 cuentan con investigaciones previas, 63 tienen indagaciones preliminares y 10 enfrentan denuncias constitucionales sobre diversos temas.

“En lugar de fortalecer el Estado de derecho, el Congreso parece decidido a blindarse e impedir el avance de investigaciones que lo involucran directamente”, sostienen las organizaciones firmantes.

El comunicado recalcó que la sanción a Espinoza replica el precedente de la fiscal Zoraida Ávalos, inhabilitada en 2023, y criticó que la Junta Nacional de Justicia haya suspendido preventivamente a Espinoza, incluso desoyendo una orden judicial de reposición. Las organizaciones subrayaron que este proceso representa un deterioro acelerado de la democracia peruana y un intento de criminalizar a quienes supervisan al poder.

Recomiendan inhabilitación de Delia Espinoza

La Comisión Permanente del Congreso aprobó, por 16 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, un informe final en el que se recomienda la inhabilitación de Delia Espinoza por un periodo de 10 años para ejercer cargos públicos. Además, se autorizó a la Fiscalía para iniciar una investigación por presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica e instigación a la usurpación de funciones.

La acusación se basa en la firma de un documento que establecía pautas para la labor de fiscales y la Policía Nacional en tareas de investigación. Según los parlamentarios denunciantes, esto habría supuesto desobedecer la ley que devuelve la conducción de las investigaciones preliminares a la Policía Nacional, precisamente una de las normas consideradas como “pro-crimen” mencionadas en el comunicado de los organismos internacionales.

El proceso parlamentario ha sido objeto de críticas por supuestas irregularidades, entre ellas la ausencia de transmisión en vivo de la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, hecho que la defensa de Espinoza considera una vulneración del debido proceso.

El informe final de la Comisión Permanente ahora deberá ser ratificado por el Pleno del Congreso, el cual requiere una mayoría calificada de dos tercios de sus miembros, excluyendo a los integrantes de la Comisión Permanente, para hacer efectiva la inhabilitación y permitir las acciones penales.

Posición y argumentos de Delia Espinoza

Tras conocer la decisión de la Comisión Permanente, Delia Espinoza manifestó su rechazo al proceso, calificándolo de arbitrario y políticamente motivado. Durante su declaració a la prensa, Espinoza afirmó que “están corriendo contra mí. A los demás colegas los han salvado. Pero contra mí, sí. ¿Por qué? Porque es venganza. Es venganza política”.

La fiscal también criticó la falta de transparencia en el trámite congresal. “Ya han atropellado bastante mis derechos fundamentales, porque desde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no se nos ha permitido actuar como debe ser, con un debido proceso congresal. Incluso, recordarán muchos que se interrumpió. No quisieron que se transmita en vivo. (...) Y todo eso ha generado nulidades y no han querido declarar nulidad”, afirmó Espinoza.

En declaraciones para la prensa, calificó la decisión como un “quiebre del Estado Constitucional” y una “ilegalidad, una inconstitucionalidad”. Desde la sede del Poder Judicial, la fiscal suspendida reiteró que no participó en la elaboración del reglamento cuestionado y anunció gestiones judiciales para buscar su restitución ante el juez Juan Torres Tasso. Espinoza advirtió: “Y si ellos quieren seguir vulnerando el Estado de derecho, desde ahorita ya estamos en dictadura parlamentaria”.