Obras del nuevo aeropuerto Jorge Chávez arrastran una deuda de US$82 millones: ¿quién debe realmente a los 35 proveedores?

Un grupo de representantes de 35 empresas que participó en la construcción del nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez denunció ante RPP que aún no reciben pago por los servicios que brindaron durante la obra. Los proveedores aseguran que algunas facturas superan los dos años sin cancelación y que la deuda total asciende a más de US$82 millones, situación que afecta la continuidad de sus operaciones.

Los manifestantes se concentraron en el segundo nivel del terminal para exigir una respuesta formal que les permita proyectar un cronograma de pagos. Mientras agentes policiales resguardaban la zona, el tránsito de pasajeros nacionales y extranjeros continuó con normalidad. El reclamo expuso un conflicto entre el consorcio constructor y sus subcontratistas, cuyas versiones difieren sobre la responsabilidad del atraso.

Proveedores reiteran que no reciben pagos desde hace más de dos años

Los empresarios contaron a RPP que la falta de liquidez ha puesto en riesgo a cientos de trabajadores, ya que la mayoría de las firmas financió materiales, maquinaria y mano de obra sin obtener retribución. Indicaron que las demoras han obligado a algunas compañías a endeudarse para cubrir planillas y compromisos tributarios mientras esperan una respuesta.

Una vocera explicó que el grupo solicitó de manera insistente un calendario que señale fechas de desembolso, pero aseguró que no han recibido ninguna comunicación oficial del consorcio que ejecutó la obra. Subrayó que las empresas mantienen toda la disposición para llegar a un acuerdo, aunque necesitan una señal concreta que les permita sostener sus operaciones.

El consorcio Inti Punku y la cadena de obligaciones pendientes

Los proveedores señalaron que la deuda está vinculada a compromisos asumidos por el consorcio Inti Punku, integrado por Sacyr y Cumbra Ingeniería y Construcción. El consorcio tuvo a su cargo el diseño, la ejecución y la adquisición de equipamiento del nuevo terminal, por lo que la relación contractual con los subcontratistas depende únicamente de esta alianza empresarial.

Según los denunciantes, la falta de pago refleja un problema de gestión interna del consorcio, ya que varias empresas alertaron que no recibieron respuesta a sus solicitudes de conciliación. Sostuvieron que la situación se ha tornado crítica porque los montos impagos son elevados y comprometen la continuidad de pequeñas y medianas compañías que participaron en diversas fases del proyecto.

LAP reafirma que cumplió con el 100 % de lo pactado con el consorcio

El vocero de Lima Airport Partners (LAP), José Antonio Hernández Oliva, indicó que la concesionaria cumplió con todas sus obligaciones contractuales y que no mantiene deuda alguna con el consorcio. Precisó que LAP abonó el total de los pagos establecidos y que la administración de los recursos para proveedores corresponde únicamente a Inti Punku.

Hernández Oliva agregó que la empresa ha sostenido reuniones con varios representantes de las compañías afectadas con el fin de recopilar información y trasladarla al consorcio responsable de los pagos. Señaló que, aunque LAP no es parte de la controversia contractual, ha buscado facilitar el diálogo para que el consorcio cumpla con lo acordado en el menor tiempo posible.

Zona resguardada por la PNP mientras el aeropuerto mantiene su actividad habitual

Durante la protesta, agentes de la Policía Nacional permanecieron en la zona para evitar alteraciones y asegurar el tránsito fluido de los turistas que circulaban por el área de taxis y salidas del terminal. La presencia policial permitió que el aeropuerto mantenga sus operaciones sin afectaciones visibles pese al reclamo de los proveedores.

Los representantes de las empresas insistieron en que su objetivo no es interrumpir el funcionamiento del terminal, sino visibilizar una situación que califican de crítica para sus negocios y trabajadores. Adelantaron que continuarán pidiendo que el consorcio emita un pronunciamiento detallado sobre los plazos de pago y que se formalice un cronograma que defina cuándo se cancelarán los montos pendientes.