
La avenida Javier Prado, una de las principales vías de Lima, concentra la presencia de más de mil vehículos informales que operan sin intervención efectiva de las autoridades. Este fenómeno complica la seguridad vial y perpetúa riesgos para pasajeros y peatones. Así lo informó la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU), alertando sobre la magnitud del transporte sin autorización en este corredor clave de la ciudad.
Incendio y violencia, consecuencias del transporte ilegal
Un hecho registrado en San Borja reflejó el nivel de violencia vinculado al transporte informal. Una miniván intervenida por prestar servicio irregular en la avenida Javier Prado fue incendiada después de que un grupo de personas interceptara la grúa que trasladaba el vehículo. Los agresores atacaron al conductor y a los fiscalizadores y, mediante el uso de combustible, prendieron fuego a la unidad. La ATU identificó este acto como un ataque directo contra el personal y anunció la presentación de una denuncia penal contra los responsables.

Las grabaciones de cámaras de seguridad servirán como prueba en la investigación por diversos delitos, entre ellos resistencia a la autoridad, exposición al peligro por incendio o explosión y daño a la propiedad privada.
Uno de los voceros de la ATU afirmó que la intervención policial resultó crucial para evitar consecuencias mayores, ya que el conflicto puso en riesgo la integridad de quienes participaban en el operativo.

Agresiones reiteradas a los fiscalizadores de transporte
El personal de fiscalización enfrenta hostilidad de manera recurrente. Durante este año se han registrado 300 agresiones contra los fiscalizadores de la ATU, generadas en el marco de acciones de control contra conductores informales. La presencia de la Policía Nacional del Perú acompaña todos los operativos y es determinante para garantizar la seguridad de los inspectores ante la resistencia violenta.
Ocho fiscalizadores participan en cada intervención, respaldados por efectivos policiales. Los ataques y amenazas se repiten, sobre todo en corredores críticos donde la oferta irregular incrementa. El testimonio de los afectados evidencia la gravedad del problema y la dificultad de restringir la operación de servicios fuera del marco legal.

Zonas críticas de transporte informal en la capital
El diagnóstico de la ATU incluye otros puntos de Lima donde la circulación de vehículos informales es notoria. Entre estas rutas figuran la avenida Universitaria, la avenida Túpac Amaru y Próceres de la Independencia. Un conteo realizado en la avenida Javier Prado permitió identificar más de mil unidades sin autorización en un solo día.
La demanda de transporte no cubierta por las alternativas legales habilita la aparición de servicios irregulares que vulneran normativas y generan escenarios de conflicto y desprotección para los usuarios.
Intervención y acciones legales
Frente a estos hechos, la Autoridad de Transporte Urbano anunció la presentación de una denuncia penal respaldada por imágenes obtenidas al momento del ataque en San Borja. Entre los delitos señalados se encuentran resistencia a la autoridad, incendio y daño a la propiedad, así como lesiones ocasionadas al personal.
La entidad exhortó a la población a optar por servicios de transporte autorizados y a rechazar la informalidad que, según el registro reciente, prolifera de manera alarmante en principales arterias urbanas.
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