Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

El órgano de control identificó que la Oficina General de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior seleccionó un avión Antonov AN-74 ofrecido por una empresa de Emiratos Árabes, aunque no cumple los requisitos técnicos ni era nuevo

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La Contraloría confirmó que la
La Contraloría confirmó que la OGAF del Ministerio del Interior seleccionó el avión Antonov AN-74, ofrecido por Aero Express FZE de Emiratos Árabes Unidos, a pesar de que no cumple con los requisitos técnicos mínimos

La Oficina General de Administración y Finanzas (OGAF) del Ministerio del Interior compró para la Policía Nacional (PNP) el modelo Antonov AN-74 de la empresa Aero Express FZE, de Emiratos Árabes, aunque la Contraloría verificó en un informe publicado por La República que la aeronave no reúne los requisitos técnicos básicos.

El documento confirmó que la OGAF optó por el Antonov AN-74, sin considerar la advertencia previa de la Dirección de Aviación Policial (DIRAVPOL), que indicó que la aeronave era de segundo uso y no nueva, como exigen las bases técnicas.

Pese a esta observación, la OGAF dejó de lado las propuestas de fabricantes como el italiano Leonardo y el brasileño Embraer, y eligió la oferta de Aero Express FZE, firma de Emiratos Árabes Unidos, país que no fabrica el Antonov AN-74 de origen ucraniano. La adjudicación se realizó el 31 de octubre durante la gestión del actual ministro del Interior, Vicente Tiburcio.

El informe de la Contraloría
El informe de la Contraloría y de especialistas técnicos advierte que la adquisición supone el riesgo de incorporar a la flota un avión que no reúne las condiciones ni características requeridas

“La OGAF del Mininter adjudicó la buena pro de la contratación internacional (…) a un postor cuya oferta no cumpliría con lo exigido en las bases administrativas, generando el riesgo de adquirir un avión que no cumple con las condiciones y características técnicas solicitadas”, indicó parte del documento citado por el diario. La firma pidió US$63,900,000 por el Antonov AN-74, cuya procedencia sigue sin aclararse.

El órgano de control contrató a un ingeniero aeronáutico para evaluar las propuestas y concluyó que la nave no se ajustaba a las definiciones técnicas señaladas en el proceso. Según los especialistas de DIRAVPOL, ese modelo era antiguo y no reunía las condiciones exigidas.

“Cabe indicar que la Dirección de Aviación Policial de la Policía Nacional, en su calidad de área técnica, emitió pronunciamiento sosteniendo que dicho postor no cumpliría diversos puntos de las especificaciones técnicas”, señala el informe.

El especialista de la Contraloría reafirmó, además, que la oferta de Aero Express FZE no cumplía con las especificaciones técnicas requeridas, lo que evidencia el riesgo de adquisición de un avión que no reúne las condiciones solicitadas.

La investigación identifica antecedentes de
La investigación identifica antecedentes de irregularidades en adquisiciones previas realizadas por la OGAF, como denuncias en procesos de compra de armas, chalecos antibalas y vehículos blindados

“Adquirir un avión que no cumple con las condiciones y características técnicas solicitadas (...) limitaría el cumplimiento de los fines y objetivos de la contratación, además de afectar la imparcialidad y transparencia del procedimiento de selección”, subrayó el texto.

El contrato fue otorgado bajo la dirección de Ronnie Matienzo, jefe de la OGAF, quien dimitió tras la publicación del diario. Tiburcio lo había designado el 25 de octubre para sustituir a Ricardo Kanashiro, también desvinculado por controversias.

Bajo la gestión pasada, la Contraloría reportó entonces favorecimiento a determinadas empresas mediante ajustes en las bases de licitación que beneficiaron a oferentes específicos, como en la compra de más de 3.000 chalecos antibalas y 31.045 pistolas, entre otros.

Perfil

Tiburcio asumió la cartera en medio de una crisis por el aumento de la criminalidad bajo el Gobierno de transición de José Jerí, quien declaró el estado de emergencia en Lima y Callao. Entre sus primeras medidas, resolvió acelerar los procesos disciplinarios para policías que incurran en faltas y aplicar sanciones inmediatas cuando se confirme un delito flagrante.