Fiscalía pide al PJ dictar prisión preventiva contra Betssy Chávez tras huir de la justicia

La fiscal suprema Zoraida Ávalos solicitó al Poder Judicial revocar la comparecencia con restricciones de la golpista expremier Betssy Chávez y, en su lugar, dictar prisión preventiva tras obtener asilo político de México.

Como se recuerda, desde junio de 2023, Chávez se encontraba cumpliendo prisión preventiva por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022; sin embargo, en setiembre de este año, el Tribunal Constitucional anuló dicha medida con una polémica sentencia.

Desde entonces, setiembre de este año, la expremier está sujeta a comparecencia con restricciones, con reglas de conducta como pasar por control biométrico cada 7 días y acudir a toda diligencia fiscal o judicial a la que sea requerida.

Son justamente dichas reglas de conducta las que, advierte la fiscal suprema Zoraida Ávalos, Betssy Chávez ha incumplido. Y es que no se ha realizado su control biométrico en 3 oportunidades (29 de setiembre, 27 de octubre y 3 de noviembre) y no se ha presentado a cuatro sesiones del juicio oral, a pesar de que sabe perfectamente que es obligatoria su participación. Esta situación "demuestra irrefutablemente que infringió las reglas de conducta impuestas en su contra“, dice Ávalos en su requerimiento.

“A criterio de este Despacho Supremo, la prisión preventiva se considera idónea en el presente caso, ya que la comparecencia con restricciones no cumplió cabalmente su finalidad, resulta útil y adecuada para alcanzar el fin constitucional de asegurar la realización del proceso penal, así como garantizar la comparecencia del imputado y evitar la obstaculización de la averiguación de la verdad", se lee en el escrito al que accedió Infobae.

Día clave

El juez supremo de la investigación preparatoria Juan Carlos Checkley programó la audiencia de revocatoria de la comparecencia con restricciones para el jueves 13 de noviembre a las 9:00 de la mañana.

Checkley ha dejado constancia en su resolución de que la defensa de Chávez será asumida por la defensa pública si es que su abogado Raúl Noblecilla no se presenta a la audiencia.

Recta final

La Fiscalía peruana reafirmó su solicitud de 34 años de prisión para el exmandatario Pedro Castillo por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. El pedido incluye 25 años por rebelión, 3 años por abuso de autoridad y 6 años por grave perturbación de la tranquilidad pública, según expuso el fiscal adjunto supremo Edward Casaverde durante la presentación de los alegatos finales en el juicio oral.

En caso de que el tribunal opte por condenar a Castillo por conspiración en lugar de rebelión, la Fiscalía planteó una pena alternativa de 19 años y 30 días de prisión. Esta suma corresponde a 11 años, 5 meses y 15 días por conspiración, 10 meses y 15 días por abuso de autoridad y 6 años y 9 meses por grave perturbación.

La posibilidad de recalificar los hechos como conspiración fue abierta por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, lo que podría reducir la pena para los acusados. En ese escenario, la Fiscalía también solicitó 11 años, 5 meses y 15 días de prisión para el expremier Aníbal Torres, la ex primera ministra Betssy Chávez —actualmente asilada por México—, el exministro del Interior Willy Huerta, el comandante PNP Justo Jesús Venero Mellado y el general PNP Manuel Lozada Morales. En la acusación original, Torres, Chávez y Huerta enfrentaban cargos por rebelión, con un pedido de 15 años de prisión para Torres y 25 años para los otros dos.

Durante su intervención, el fiscal Casaverde citó una frase del expresidente argentino Juan Domingo Perón: “«La fuerza», dice (Perón), «es el derecho de las bestias». Pero lamentablemente, al momento de evolucionar, nosotros debemos de cambiar esa historia. Y esa historia debe ser erradicada a través de una decisión prudente, sensata y constitucional que nosotros invocamos, señores jueces supremos”.

El proceso oral contra Pedro Castillo continuará el viernes 7 de noviembre a las 9:00. Está previsto que la Procuraduría sustente su pedido de reparación civil, que supera los 65 millones de soles, y que la defensa de Aníbal Torres presente sus alegatos finales. La próxima semana, las defensas de Willy Huerta, Betssy Chávez y los policías implicados harán lo propio, antes de que los acusados ejerzan su defensa material y los jueces supremos fijen la fecha para la lectura de la sentencia.