Betssy Chávez designa a Raúl Noblecilla como su único abogado pese a que fue expulsado del juicio

La golpista expremier Betssy Chávez designó como su único abogado Raúl Noblecilla, precandidato a la segunda vicepresidencia de Podemos Perú, en el juicio oral por el golpe de Estado de Pedro Castillo.

En un escrito dirigido a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, Chávez subroga —es decir, retira de su defensa— a los abogados Luis Barranzuela y César Romero Valdez. Ambos letrados formaban parte de su defensa desde el inicio del juicio oral.

El primero renunció en la última sesión del juicio oral tras revelar que no estaba enterado que la exjefa del gabinete solicitaría asilo político a México, mientras que el segundo no estuvo presente por atender otras diligencias.

En el mismo documento, Betssy Chávez informa que también renuncia a ejercer su autodefensa y que “a partir de este momento mi único abogado defensor será el abogado Raúl Noblecilla, quien goza de mi total confianza y en quien deposito plenamente mi representación y defensa”.

Noblecilla “agradeció” la confianza y la “inquebrantable amistad” de Chávez y aseguró que dará “batalla” a la supuesta dictadura y su “sistema de justicia secuestrado por los poderosos de siempre, los que persiguen, encarcelan y asesinan al pueblo".

Sin embargo, Raúl Noblecilla no podrá asumir inmediatamente la defensa de la expremier porque fue expulsado del juicio oral por faltoso y presentar un certificado médico aparentemente falso a la Sala Penal Especial. La sanción era por 6 sesiones, de las cuales ya se han cumplido 2.

Ante esta circunstancia, al igual que la defensa del golpista Pedro Castillo, la defensa de Betssy Chávez tendría que ser asumida necesariamente por un abogado de la Defensa Pública.

Juicio seguirá e inhabilitación está a la espera

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema resolvió que el pedido de asilo político de Betssy Chávez a México no impedirá que continúe el juicio en su contra por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo. La decisión, adoptada el martes, establece que el proceso judicial seguirá su curso y que el asilo no detendrá la emisión de una eventual sentencia.

El informe final que recomienda la inhabilitación política por 10 años para Chávez ya fue aprobado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente del Congreso. Para que la sanción tenga efecto, resta la aprobación del Pleno, donde se invitará a la ex primera ministra a ejercer su defensa. Si no se presenta tras ser notificada, su ausencia será considerada injustificada y se procederá a la votación.

Durante el proceso, los jueces rechazaron declarar a Chávez como reo contumaz y descartaron ordenar su captura inmediata, lo que habría suspendido indefinidamente el juicio por rebelión. El tribunal argumentó que tal medida generaría “una incertidumbre cuya temporalidad es incalculable, perjudicando los fines de la justicia”. Además, recordaron que la exfuncionaria participó activamente en el juicio oral y ejerció su propia defensa.

A partir de ahora, Chávez será representada por su defensa legal o, en caso de renuncia, por un defensor público. El tribunal advirtió que los abogados que abandonen el proceso en la etapa final podrán ser sancionados.

La Fiscalía solicita una pena de 25 años de prisión para Chávez por el delito de rebelión. La sentencia de la Sala Penal Especial determinará su responsabilidad y la posible condena.