La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República aprobó el informe final que recomienda acusar al expresidente Martín Vizcarra Cornejo y a la exministra de Salud Pilar Mazzetti Soler por el presunto delito de concusión. La decisión se adoptó con 11 votos a favor, 2 en contra y una abstención.
La investigación está relacionada con el caso ‘Vacunagate’, que trata de presuntos abusos cometidos mientras Vizcarra y Mazzetti ostentaban cargos públicos durante el proceso de adquisición de vacunas contra la pandemia del COVID-19.
De acuerdo con el informe, la acusación reúne las denuncias constitucionales formuladas por los excongresistas Yvan Quispe Apaza, Manuel Merino De Lama, Leonardo Inga Sales y Luis Roel Alva, así como por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas.
El secretario ponente, Jorge Montoya Manrique, afirmó en su exposición que se acusa a Martín Vizcarra de haber utilizado su posición para solicitar dosis del ensayo clínico de la vacuna candidata a investigadores de Sinopharm, favoreciendo presuntamente a su entorno cercano.
Sobre Pilar Mazzetti, la Subcomisión la señala por prácticas similares registradas dentro del equipo de investigación de la vacuna. “Existen indicios suficientes y razonables para acreditar la comisión del delito de concusión”, sostiene el informe.
El proceso legislativo
Según el Reglamento del Congreso, tras la aprobación del informe, la Comisión Permanente debe designar una Subcomisión Acusadora encargada de sustentar la acusación ante el Pleno. Esta labor será realizada por miembros de la actual Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, propuestos en el momento de presentar el informe final.
El delito de concusión, tipificado en el artículo 382 del Código Penal, implica que una autoridad obliga a un funcionario o particular a entregar dinero u otros bienes, aprovechando su cargo.
En paralelo al caso principal, la Subcomisión analizó nuevas denuncias constitucionales. El primer informe correspondió a la Denuncia Constitucional 522, presentada por el exfiscal de la Nación (i) Juan Carlos Villena Campana contra la congresista María Córdova Lobatón (RP), proceso en el que se alegaba peculado doloso. El informe fue declarado improcedente al no cumplir con el criterio material de procedencia. Obtuvo 14 votos afirmativos.
Un segundo informe evaluó la Denuncia Constitucional 540, presentada por Delia Espinoza Valenzuela en su condición de exfiscal de la Nación contra la congresista Hilda Portero López (AP) por presunta concusión, luego de que se le acusara de inducir a trabajadores a entregar dinero para fines sociales. El grupo parlamentario concluyó que tampoco se acreditaba el criterio requerido y la denuncia quedó desestimada, con 14 votos a favor.
Caso Castillo y Walter Ayala
La agenda legislativa incluyó la continuación y cierre de la audiencia sobre la Denuncia Constitucional 403, que involucra al expresidente Pedro Castillo Terrones y al exministro de Defensa Walter Ayala Gonzáles. La titular de la Subcomisión, Lady Camones Soriano (APP), dio por terminada la sesión, otorgando un plazo de cinco días hábiles al delegado ponente, Arturo Alegría García (FP), para presentar su informe final, según lo establecido por el artículo 89 del Reglamento.
A Pedro Castillo se le imputa la presunta comisión de delitos como abuso de autoridad, patrocinio ilegal y cohecho pasivo propio, mientras que a Walter Ayala Gonzáles se le señala como posible partícipe en organización criminal, abuso de autoridad, cohecho activo genérico y tráfico de influencias agravado. El proceso investiga supuestas irregularidades y presiones ilegales en los ascensos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ocurridos en 2022.
En la audiencia participaron el fiscal adjunto supremo Ronald Flores Yáñez, el abogado defensor del expresidente Luis Medrano Girón, así como el propio exministro Ayala. El caso quedará en manos de la Subcomisión Acusadora.
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