El presidente José Jeri anunció el despliegue de un contraataque estatal contra las bandas criminales, tras completar el mapeo de estos grupos y la identificación de sus ubicaciones en distintas zonas del país. La declaración se dio durante una jornada marcada por reuniones con dirigentes del transporte y funcionarios de alto nivel, en respuesta a la paralización parcial del servicio y al incremento de extorsiones y violencia que afectan a conductores.
Estrategia de seguridad y mapeo de bandas
En el encuentro sostenido con dirigentes gremiales, entre ellos Martín Ojeda, vocero de Transportistas Unidos, y autoridades como el alcalde del Rímac, Néstor De la Rosa, el premier Ernesto Álvarez y otros integrantes del Ejecutivo, José Jeri precisó que la estrategia contempla el uso de información recolectada sobre la estructura y ubicación de organizaciones delictivas. “Se ha mapeado una gran cantidad de bandas; hemos identificado lugares y se prepara un contraataque”, afirmó el presidente, quien puntualizó que los resultados se harán públicos de manera progresiva para proteger los procesos en curso.
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La nueva ofensiva incluye una articulación interinstitucional que involucra al gabinete y a los ministerios del Interior y Transportes, con el objetivo de fortalecer la seguridad en las calles y garantizar la protección de los trabajadores y usuarios del transporte público.
Endurecimiento de medidas y figura penal
Durante la sesión, el Ejecutivo planteó la actualización del estado de emergencia en el sistema penitenciario y el avance de reformas legislativas. Entre las iniciativas, José Jeri mencionó la necesidad de incorporar figuras penales para sancionar conductas que hoy carecen de tipificación, como el traslado inseguro de pasajeros en motocicletas, que constituye un riesgo para conductores y usuarios.
El mandatario anunció que solicitarán facultades delegadas al Congreso de la República para legislar de manera extraordinaria sobre seguridad y transporte público. El objetivo es cerrar vacíos legales aprovechados por bandas criminales y agilizar la definición de operaciones que permitan bloquear cuentas y líneas telefónicas utilizadas en hechos de extorsión.
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En palabras de José Jeri, se requiere que el transporte público sea considerado un servicio esencial y reciba respaldo integral, subrayando que aproximadamente el 80% de limeños depende del sistema urbano para movilizarse.
Reclamos y demandas del sector transporte
Los representantes de los conductores insistieron en la urgencia de medidas específicas para neutralizar el flujo de recursos a mafias extorsionadoras. Solicitaron identificar y bloquear las cuentas bancarias y las redes de comunicación ilegales, particularmente aquellas que operan desde centros penitenciarios. “Si la policía puede identificar el titular de una cuenta y su DNI, ¿por qué no empezamos por ahí?”, manifestó uno de los delegados, exigiendo rapidez en la aplicación de estas acciones.
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El premier Ernesto Álvarez y los ministros presentes respaldaron la voluntad de diálogo y pidieron acompañamiento gremial para impulsar el pedido de facultades legislativas ante el Congreso. Hasta el cierre de la jornada, los transportistas mantenían la paralización parcial hasta obtener pruebas concretas de cumplimiento de los compromisos asumidos.
Visita a puntos críticos y refuerzo de operativos
José Jeri se desplazó personalmente hacia el Puente Ricardo Palma y la zona de Acho, donde dialogó con agrupaciones de transportistas que protagonizaban la protesta. El mandatario, acompañado del titular de Interior, Vicente Tiburcio, y el ministro de Transportes, Aldo Prieto, exploró las demandas en terreno y supervisó módulos de seguridad instalados en áreas clave de la capital.
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A la salida de estos encuentros, Jeri destacó que el nuevo estado de emergencia, reforzado tras escuchar a los transportistas, permitirá una mayor presencia policial y militar en la vía pública. Remarcó que esta acción responde a la necesidad urgente de frenar la extorsión y la violencia, causas principales del malestar en el sector.
“El mensaje es de unidad: discrepancias pueden existir, pero el objetivo común es derrotar a las mafias y garantizar la seguridad de la ciudadanía”, señaló el presidente. Se espera que en los próximos días se anuncien medidas adicionales como fruto del trabajo conjunto entre gremios y autoridades.
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