El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ejecutó un operativo de gran escala para trasladar a 26 internos del penal de Juliaca hacia el establecimiento de máxima seguridad de Challapalca, en la región altiplánica de Puno. La medida se enmarca dentro del proceso de reordenamiento penitenciario dispuesto por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto Supremo N.° 019-2025-JUS, con el propósito de reforzar el control y la disciplina dentro de los centros de reclusión.
El traslado, desarrollado bajo estrictos protocolos de seguridad, marca un precedente en la estrategia nacional de lucha contra la criminalidad organizada. Los reos trasladados forman parte de bandas delictivas que habían extendido su influencia desde las cárceles hacia diferentes regiones del país, lo que llevó a las autoridades a adoptar medidas más drásticas para aislar a los cabecillas y desarticular las redes internas.
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Operativo bajo máxima seguridad
La operación comenzó en horas de la madrugada y estuvo a cargo de personal especializado de Seguridad Penitenciaria, con apoyo de unidades tácticas y logística reforzada. Los reclusos, vestidos con indumentaria institucional, fueron conducidos desde las instalaciones del penal de Juliaca hasta el aeropuerto de la región, donde fueron embarcados con destino a Challapalca, uno de los recintos carcelarios más aislados y vigilados del país.

Fuentes del INPE informaron que la decisión responde a la necesidad de restablecer el principio de autoridad dentro del sistema penitenciario y garantizar un entorno controlado para aquellos internos considerados de alta peligrosidad. Se trata de personas que, pese a encontrarse privadas de su libertad, mantenían contacto con redes criminales activas y habrían coordinado delitos desde el interior de los penales.
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Bandas delictivas bajo observación
Entre los reclusos trasladados figuran presuntos integrantes y cabecillas de organizaciones criminales como “La nueva generación del crimen”, “Los injertos de Lima”, “Los injertos del Altiplano”, “Los capos de la intrusión”, “Los broches de Puerto Pizarro” y “Los canallas de la Esperanza”. Varios de ellos registran sanciones disciplinarias por infracciones graves y fueron catalogados como de riesgo elevado para la seguridad penitenciaria.
El penal de Challapalca, situado a más de 4.600 metros sobre el nivel del mar, ha sido históricamente utilizado para recluir a internos de difícil manejo o implicados en delitos de alto impacto. Su ubicación, condiciones climáticas y régimen cerrado especial permiten reducir al mínimo el contacto externo, lo que lo convierte en un espacio clave dentro de la estrategia del INPE para limitar las operaciones del crimen desde las cárceles.
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Puno, primera región con nuevo régimen penitenciario
Con este traslado, la región Altiplano se convierte en la primera del país en poner en marcha el nuevo régimen penitenciario orientado al control riguroso de los internos de alta peligrosidad. El objetivo central es recuperar la autoridad institucional y frenar el crecimiento de estructuras delictivas que operan desde los establecimientos penales.
El presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, destacó que esta acción marca el inicio de una nueva etapa en la política penitenciaria nacional. Aseguró que los movimientos de internos continuarán en diferentes regiones del país y que cada operativo se ejecutará respetando los derechos humanos, pero con firmeza ante las amenazas que representan las mafias carcelarias.
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Una medida que busca restablecer el orden
El traslado de los 26 internos desde Juliaca a Challapalca no solo responde a un tema de seguridad, sino también a la necesidad de reorganizar la población penitenciaria según el nivel de riesgo que representan. Las autoridades sostienen que la concentración de cabecillas en penales comunes ha facilitado la expansión de redes criminales, por lo que el nuevo esquema apunta a aislar a los líderes y cortar sus canales de comunicación.

El INPE confirmó que este es el primer paso dentro de un proceso progresivo de reubicación de reos en todo el país. La entidad insistió en que las acciones forman parte de un plan integral que incluye mejoras en infraestructura, fortalecimiento de la seguridad interna y reestructuración administrativa. Challapalca, por su parte, será el modelo inicial de este nuevo régimen de control penitenciario en el Perú.
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