La muerte de Johnny Esqueche, conductor de la empresa Liventour, puso en evidencia la estructura de extorsión que afecta a los trabajadores del transporte público en el Callao. Esqueche, de 47 años, fue asesinado en plena ruta mientras operaba su unidad en la avenida Néstor Gambetta, zona donde las denuncias por extorsión y violencia no han cesado pese a la aplicación del estado de emergencia.
El crimen ocurrió frente a pasajeros y fue ejecutado por dos individuos en moto que dispararon directamente a la ventana del conductor, según la reconstrucción de los hechos realizada por Latina Noticias. Familiares y colegas indicaron que la empresa Liventour pagaba S/5 por vehículo y por día a organizaciones criminales que controlan rutas estratégicas. “Pagaban cinco soles, dice, por combi”, afirmó un familiar del chofer asesinado, en declaraciones recogidas por el medio.
El sistema de extorsión se sostiene a través del cobro diario de pequeñas sumas, esquema que involucra a decenas de empresas y cientos de trabajadores en avenidas como Gambetta y Colonial. Los transportistas relataron que el pago se exige bajo amenaza, y que quien incumple queda en riesgo inmediato de sufrir atentados, secuestros o asesinatos. Esta modalidad sustituye los tradicionales cobros de grandes sumas dirigidas a empresas por una estrategia de “peaje diario” a cada chofer y cobrado.
Solo en los últimos dos meses, otros dos trabajadores de la ruta —un chofer y un cobrador— también han sido asesinados en circunstancias similares. Las extorsiones impactan especialmente a empresas como Liventour, Epebelsa, Vencasa, Marco, Acorsa y Minivisa, que cubren el tramo Ventanilla-Callao. Los gremios aseguran que el problema se ha vuelto estructural y han repetido un reclamo colectivo: “Somos transportistas, no somos delincuentes”, corearon frente a la prensa y ante la indiferencia de las autoridades.

El estado de emergencia, decretado por el Ejecutivo, no ha producido cambios visibles para los conductores. La Policía Nacional, según denuncian los manifestantes, no ha ofrecido respuestas ni detenidos, mientras las bandas mantienen sus sistemas de registro. “Tú circulas porque pagas. Tú me debes. Tú ya no has pagado todos estos días”, relataron los choferes sobre la lógica utilizada por los grupos extorsionadores, que detallaron la existencia de cartillas de control para vigilar el pago de las cuotas.
Representantes del gremio de transportistas, dirigentes de mercados y mototaxistas anunciaron nuevas protestas y movilizaciones para exigir la destitución del jefe policial del Callao. “Queremos inmediatamente la renuncia del jefe policial del Callao, porque ya no lo queremos”, expresó uno de los portavoces ante la falta de resultados concretos. Las críticas también se dirigen al Estado, al que acusan de incapacidad para frenar la escalada de asesinatos.
La extorsión por montos diarios no se limita al Callao, se replica en distritos de Lima como el óvalo Miraflores, donde se han observado procedimientos similares de control en las rutas de combis. Las víctimas directas y sus familias alertan que solo una parte de los crímenes llegan a ser denunciados públicamente.
El sector demanda intervención urgente y mayor protección. Los choferes sostienen que no pueden esperar soluciones de largo plazo, ya que su vida está en riesgo cada día de trabajo. La última protesta dejó el compromiso de los transportistas de continuar bloqueando vías y visibilizando la problemática hasta que cese la violencia y se detenga a los responsables de los asesinatos y cobros extorsivos.
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