Municipalidad de Machu Picchu separa a siete funcionarios intervenidos por beber licor en horario laboral

La Municipalidad de Machu Picchu dispuso la separación inmediata del gerente municipal y otros seis funcionarios tras ser intervenidos mientras consumian bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones de la entidad, en pleno horario laboral. El hecho se registró en el edificio municipal y ha generado cuestionamientos sobre la conducta de los servidores públicos involucrados.

Según informó Latina Noticias, la intervención se realizó luego de una denuncia anónima que alertó sobre una presunta reunión con consumo de licor. Agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público ingresaron al cuarto piso del local y encontraron a los trabajadores en aparente estado de ebriedad.

Hallazgos y diligencias preliminares

Durante el operativo, las autoridades hallaron botellas de licor sobre los escritorios y restos de bebidas en los tachos, lo que evidenciaría el consumo dentro de oficinas públicas. Los funcionarios fueron intervenidos en flagrancia, en medio de un despliegue conjunto entre la Policía y la Fiscalía.

Tras la intervención, los siete servidores fueron trasladados a la comisaría de Machu Picchu para las diligencias preliminares. Posteriormente, fueron llevados a la ciudad del Cusco, donde continuaron las investigaciones en la sede de la Policía Anticorrupción.

Investigación por presunto delito

De acuerdo con el citado medio, el caso es investigado por el presunto delito de peculado de uso, al haberse utilizado recursos e instalaciones del Estado para una actividad privada. Las autoridades buscan determinar las responsabilidades individuales de los implicados y establecer posibles sanciones.

En respuesta, la Municipalidad de Machu Picchu informó la separación de los funcionarios mientras duren las investigaciones. La medida busca garantizar la transparencia del proceso y evitar interferencias en las diligencias.

Reacciones y consecuencias

El jefe de la región policial Cusco, Virgilio Velásquez, confirmó que los involucrados fueron intervenidos tras verificarse la denuncia. “Se toma conocimiento mediante una llamada anónima (…) verifican la presencia de un grupo de funcionarios libando licor”, declaró.

El hecho ha generado un nuevo cuestionamiento a la gestión pública local, al evidenciar el uso indebido de instalaciones municipales y conductas inapropiadas de funcionarios en ejercicio de sus funciones.

¿Qué es y cuál es la pena del delito de peculado?

En el Perú, el delito de peculado está regulado en los artículos 387 y 388 del Código Penal y se configura cuando un funcionario o servidor público se apropia o utiliza indebidamente dinero, bienes o recursos del Estado que le han sido confiados por su cargo. Este delito afecta directamente la administración pública, ya que implica el uso irregular de caudales públicos en beneficio propio o de terceros.

El marco legal peruano establece distintas modalidades de peculado, según la conducta del funcionario:

• Peculado doloso (apropiación o utilización):
  • Ocurre cuando existe intención de apropiarse de los bienes públicos o destinarlos a terceros.
  • Pena base: de 2 a 8 años de prisión.
  • Pena agravada: de 8 a 12 años si el monto supera las 10 UIT o si los bienes estaban destinados a programas sociales.
• Peculado culposo:
  • Se da cuando el funcionario, por negligencia, permite que terceros sustraigan recursos del Estado.
  • Pena base: hasta 2 años de prisión o servicios comunitarios.
  • Pena agravada: de 3 a 5 años si el daño supera las 10 UIT o afecta fines sociales.
• Peculado de uso (artículo 388):
  • Consiste en utilizar bienes del Estado (vehículos, equipos, entre otros) para fines ajenos al servicio público.
  • Pena: de 2 a 4 años de prisión, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Adicionalmente, este delito contempla sanciones complementarias que pueden aplicarse junto a la pena principal, como la inhabilitación para ejercer funciones públicas por un periodo determinado, la imposición de días-multa calculados según los ingresos del sentenciado y la obligación de cumplir con una reparación civil, que implica la devolución o compensación económica al Estado por el daño causado.