La congresista Maricarmen Alva, presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso, expresó su respaldo al proyecto que impulsa la creación de la Escuela Nacional de la Justicia, una institución que busca establecer criterios de meritocracia y formación especializada para el acceso al sistema judicial. La propuesta pretende evitar designaciones influenciadas por intereses políticos y asegurar que los futuros jueces y fiscales sean seleccionados a través de procesos transparentes y técnicos.
Durante una entrevista con Canal N, la parlamentaria explicó que el proyecto forma parte de una reforma estructural que apunta a consolidar la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público. Según detalló, el modelo de esta escuela se inspira en el funcionamiento de la Escuela Diplomática, con el propósito de preparar a profesionales que ingresen a la carrera judicial bajo estándares objetivos y con autonomía en el nombramiento de magistrados.
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Escuela con modelo meritocrático
Alva sostuvo que existe un consenso político sobre la necesidad de implementar esta iniciativa, que garantizaría un proceso de selección más riguroso y libre de injerencias externas. Subrayó que el único punto pendiente por definir es la fecha de inicio de operaciones de la nueva institución. Una de las opciones en evaluación es que la Escuela Nacional de la Justicia comience sus funciones al concluir el mandato de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), actual órgano encargado de los nombramientos en el sistema judicial.
“La idea es que los jueces y fiscales no sean designados a dedo, sino que pasen por una preparación adecuada”, afirmó Alva. Añadió que la creación de esta escuela permitirá profesionalizar la carrera judicial y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de impartir justicia.
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Enfoque en transparencia e independencia
La legisladora remarcó que el objetivo central de la iniciativa es eliminar la interferencia política en los procesos de selección y garantizar la autonomía de los futuros magistrados. Precisó que el proyecto no busca alterar las funciones de la JNJ durante su mandato, sino establecer una base sólida para que, en el futuro, los aspirantes al Poder Judicial y al Ministerio Público pasen primero por una etapa de formación previa y evaluación objetiva.
“Se trata de que haya una escuela que los forme y que los designe de manera transparente”, señaló. Destacó que el país requiere un sistema que asegure procesos imparciales y técnicos, especialmente ante la preocupación ciudadana por la falta de confianza en la administración de justicia.
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Propuesta para sancionar el préstamo de cuentas bancarias
Paralelamente, Alva presentó un proyecto de ley orientado a combatir la inseguridad ciudadana mediante la creación de un nuevo tipo penal que sancione el préstamo de cuentas bancarias utilizadas para actividades delictivas. Explicó que muchos ciudadanos permiten que terceros usen sus cuentas para recibir pagos vinculados a delitos como la extorsión o el sicariato, lo que dificulta la identificación de los responsables.
La propuesta establece penas de 10 a 15 años de prisión para quienes presten sus cuentas en casos de delitos comunes, y de 15 a 25 años si estas son usadas por organizaciones criminales. “Las cuentas se entregan a cambio de un porcentaje o con pleno conocimiento de que se usarán para fines ilícitos. El Estado debe responder con firmeza”, indicó la parlamentaria.
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Control biométrico en apertura de cuentas
El proyecto también plantea que las entidades financieras implementen un sistema obligatorio de verificación facial y biométrica para la apertura de nuevas cuentas bancarias. Esta medida busca impedir que personas ajenas utilicen identidades falsas o de terceros para realizar transacciones ilegales.
Según Alva, esta disposición permitiría prevenir delitos financieros y reforzar la seguridad en el sistema bancario. “Por la situación que vivimos, es necesario que cada persona que abra una cuenta sea identificada con precisión”, dijo. Para la congresista, esta iniciativa complementa las estrategias de lucha contra el crimen organizado y responde al incremento de delitos vinculados al uso indebido de cuentas.
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