Más de 200 desaparecidos con alerta de búsqueda vigente fueron enterrados en fosas comunes sin notificar a sus familias

En los cerros de San Juan de Lurigancho, a las afueras de Lima, los registros oficiales revelan que hay personas reportadas como desaparecidas, con alerta de búsqueda vigente, pero que cuyos cuerpos ya han sido enterrados en fosas comunes sin que sus familias lo sepan. La situación, expuesta en un informe televisivo monitoreado por Punto Final, pone bajo lupa el funcionamiento de los sistemas públicos de búsqueda y notificación de desaparecidos en el Perú.

Según reportó el dominical, desde 2023 hasta junio de 2025, el Cementerio El Sauce, localizado en los márgenes polvorientos de San Juan de Lurigancho, recibió al menos 419 cuerpos remitidos por la Morgue Central de Lima. De estos, 212 permanecen como NN (“no nombre”) y otros 207 corresponden a personas con identidad establecida. No obstante, muchos de estos casos aún figuran como desaparecidos en las bases de datos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Ministerio del Interior, lo que prolonga la incertidumbre para decenas de familias.

El caso de Jenny Espinoza ilustra las carencias del sistema. Durante dos años, Espinoza buscó a su hijo, Michael, quien fue reportado desaparecido luego de que perdiera contacto tras viajar de Lima a Huánuco. Espinoza realizó denuncias, consultó con la policía de su localidad e ingresó informes ante la fiscalía. Durante ese tiempo, la PNP mantuvo activa la alerta de búsqueda y le envió notificaciones periódicas asegurando que el caso seguía abierto.

Sin embargo, la realidad era otra. Michael Espinoza, quien había permanecido algunas semanas en la morgue de Lima y, pasado poco más de un mes, fue enterrado en una fosa común, bajo un código, junto a otros dos cuerpos. Nadie avisó a la madre del joven.

La situación se repite en muchos otros casos. Familiares continúan buscando a sus seres queridos mientras los protocolos institucionales no conectan la información entre la morgue, la policía y los cementerios, algo que ha sido reconocido por Félix Briceño, director de la Morgue Central de Lima. Según dijo, cada año se reciben más de 4.000 cuerpos, de los cuales una fracción entra bajo la categoría NN. De no ser reclamados ni identificados en 36 horas o semanas, estos cuerpos pueden ser enviados a entierro en fosas comunes o, eventualmente, donados a instituciones académicas.

Añadió que apenas “hace unas semanas” se han iniciado coordinaciones con la Dirección de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, con el objetivo de intercambiar información y evitar que se repitan estos episodios. Sin embargo, de acuerdo al mismo informe televisivo, todavía no existe comunicación automatizada, lo que prolonga el sufrimiento de los familiares.

Otra familia explicó que su hermano, a quien llamaron Roberto, fue reportado como desaparecido en septiembre de 2025. La policía no pudo ofrecer respuestas y las bases de datos oficiales en comisarías no reflejaban su situación real. La familia solo supo dónde estaba el cadáver del joven a partir del reportaje, “Creo que con este sistema de ahora, con tanta tecnología que ahora contamos, hay maneras de ubicar a los familiares”, lamentó una de las hermanas.

De esta manera, pese a la digitalización creciente y al auge de nuevas tecnologías, la Morgue Central de Lima y la Policía Nacional continúan operando con sistemas aislados. El Estado peruano puede mantener listas activas de personas desaparecidas mientras sus cuerpos ya han sido enterrados, identificados o no, sin que nadie avise a sus familias.