Lima fue sede de la XXXII Reunión Ordinaria del Comité Andino de Minería Ilegal (CAMI) y la II Reunión de Alto Nivel Estratégico (RANE), encuentros en los que Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú reafirmaron su compromiso de articular esfuerzos y fortalecer la cooperación internacional frente a la minería ilegal, una de las actividades ilícitas más extendidas y dañinas en la región andina.
El evento, realizado los días 20 y 21 de octubre en la Cancillería peruana, reunió a autoridades de la Comunidad Andina (CAN), representantes de organismos internacionales como UNICRI y UNODC, así como a delegados de las agencias de cooperación.
Un problema que trasciende fronteras
El viceministro de Relaciones Exteriores del Perú, Félix Denegri Boza, advirtió que la minería ilegal del oro y de minerales críticos constituye un problema transnacional que alimenta redes delictivas vinculadas al lavado de activos y la trata de personas.“El combate a esta amenaza exige coordinación regional y una política común para asegurar que los recursos naturales sean fuente de desarrollo y no de criminalidad organizada”, destacó.
Por su parte, el Secretario General de la Comunidad Andina, Gonzalo Gutiérrez Reinel, subrayó que esta problemática requiere acciones concretas y sostenidas. “Los países andinos deben trabajar unidos para garantizar que la riqueza mineral se traduzca en bienestar y sostenibilidad”, expresó durante la inauguración del encuentro.
Plan Andino 2025–2030 y cooperación internacional
Las autoridades ratificaron su compromiso con el Plan de Acción Andino 2025–2030, que orienta los esfuerzos regionales para reforzar la investigación, la trazabilidad de los minerales y la cooperación interinstitucional.
La presidenta del Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI), Carolina Lizárraga, advirtió que los crímenes ambientales son una de las economías ilícitas de mayor crecimiento en el mundo y destacó la necesidad de fortalecer los mecanismos de cooperación tecnológica y científica para rastrear los flujos ilegales de minerales.
Observaciones recientes al Estado peruano
El compromiso peruano se da unas semanas después de que la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN) emitiera una resolución señalando que el Perú incumplió sus obligaciones comunitarias en materia de lucha contra la minería ilegal.
El informe, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena el 6 de octubre, concluyó que el país no adoptó las medidas necesarias para prevenir y controlar la minería ilegal, especialmente tras la prórroga del Registro de Formalización Minera (Reinfo), lo que —según la CAN— obstaculiza el proceso de formalización de pequeños mineros y mineros artesanales.
Asimismo, la SGCAN observó que el Estado no ha implementado plenamente los mecanismos de extinción de dominio sobre los bienes e instrumentos utilizados en actividades ilícitas. Por ello, otorgó un plazo de 20 días hábiles al Perú para informar sobre las medidas adoptadas para corregir las observaciones.
Durante las jornadas del CAMI y la RANE, los delegados coincidieron en que la formalización minera, el control de la cadena de valor y la investigación conjunta son pilares esenciales para frenar el avance de la minería ilegal, que afecta ecosistemas, economías locales y derechos humanos.
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