Cerca de 12 millones de niñas en todo el mundo enfrentan un matrimonio o una unión temprana y forzada cada año, según datos de UNICEF. Perú enfrenta esta problemática en diversas regiones, especialmente en zonas rurales y la Amazonía, donde niñas y adolescentes siguen viendo vulnerados sus derechos pese a cambios legislativos recientes. La presencia de convivencias no formalizadas con menores de edad configura actualmente un vacío en la respuesta estatal.
En noviembre de 2023, el Congreso peruano aprobó la Ley N° 31945, que prohíbe el matrimonio registrado con personas menores de 18 años. Aunque esta medida anula los enlaces civiles previos y permite la anulación retroactiva de matrimonios con adolescentes, las uniones tempranas —basadas en la convivencia y no registradas formalmente— continúan ocurriendo sin restricciones legales.
Selmira Carreón, coordinadora Técnica Nacional de Género, Influencia y Participación de Plan International, declaró para Infobae Perú que “las consecuencias de estas uniones para las adolescentes son igual de devastadoras que las de un matrimonio, incluso cuando no hay registro civil”.
Más mujeres son víctimas a nivel nacional
El 82% de las víctimas de uniones tempranas y forzadas en el país son mujeres —más de la mitad vivían una convivencia y casi una cuarta parte en matrimonio legal, según el Censo 2017 recogido por Plan International y UNFPA—. Desde la perspectiva de Carreón, factores económicos y normas sociales influyen de forma decisiva en la perpetuación del problema.
“Uno de los condicionantes son las normas sociales o las normas de género que colocan, digamos, una expectativa muy fuerte respecto a que las mujeres tengamos que ser madres y esposas”, enfatiza.
El embarazo adolescente, por su parte, se convirtió en causa y también consecuencia, ya que miles de niñas y adolescentes, tras quedar embarazadas, se ven “forzadas” por sus familias a unirse al padre de su bebé.
“La gran mayoría de niñas que cae en una situación de unión forzada, en realidad vienen de familias muy pobres. Entonces, las mismas familias a veces también promueven la unión porque piensan erradamente de que es una forma de que su hija pueda salir de la pobreza. Piensan que de esa manera la pareja va a poder financiar la educación de la niña o del adolescente”, aclara.
Entre enero y septiembre de 2025, 27 mil 195 adolescentes y niñas de entre 11 y 19 años dieron a luz en el país; 626 tenían entre 11 y 14 años, según los datos oficiales del Ministerio de Salud.
El matrimonio forzado es una violación de los derechos humanos
Las uniones tempranas y forzadas representan barreras graves para el ejercicio de derechos: limitan la libertad de decidir, estudiar y desarrollarse plenamente.
El Estado peruano, a través del Ministerio de la Mujer y otros organismos, realizó esfuerzos como la promoción y traducción de la ley en lenguas originarias. Sin embargo, Carreón advirtió que faltan acciones integrales.
“Todas las personas de los centros de emergencia mujer tendrían que conocer esta problemática y de las diferentes ligadas a la situación de violencia sexual [...] capacitando al personal en este problema de las uniones tempranas y forzadas [...] también en capacitación a la Fiscalía y otros operadores del sistema de justicia”, aclaró.
Apuntó que la inestabilidad política y el recambio constante de autoridades frenan la implementación de medidas coordinadas para atender esta forma de violencia.
En el estudio de 2019, de acuerdo con la información del INEI, Perú se ubica entre los tres países latinoamericanos con mayor prevalencia de uniones tempranas: un 28% de mujeres entre 15 y 49 años se había unido antes de los 18 años, alcanzando niveles cercanos al 50% en regiones como Loreto.
La organización insisten en la urgencia de una respuesta multidimensional que supere las reformas legislativas.
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