El Congreso de la República analizará el Proyecto de Ley N.º 12950, impulsado por el congresista Américo Gonza Castillo, del partido Perú Libre, que plantea autorizar a la Policía Nacional del Perú (PNP) a revisar la información contenida en los celulares y dispositivos electrónicos incautados dentro de los penales del país. La medida busca frenar las extorsiones, fraudes y coordinaciones delictivas que se gestan desde las cárceles y que, según los reportes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), representan una de las principales fuentes de criminalidad organizada en el Perú.
El proyecto propone modificar el Nuevo Código Procesal Penal (Decreto Legislativo 957) y el Código de Ejecución Penal (Decreto Legislativo 654) para crear un marco jurídico que permita el análisis técnico-forense de los equipos incautados bajo autorización fiscal y cadena de custodia. De aprobarse, la ley otorgaría a la PNP facultades expresas para intervenir en los establecimientos penitenciarios, en coordinación con el Ministerio Público y el INPE, con el fin de desarticular redes criminales que continúan operando desde prisión.
Lo que dice la ley
La iniciativa legislativa surge ante la falta de un marco legal que regule la inteligencia penitenciaria y la preservación de evidencia digital en los operativos realizados dentro de las cárceles. Según los informes del INPE y la Defensoría del Pueblo, gran parte de las extorsiones y fraudes telefónicos que afectan a la ciudadanía tienen su origen en los penales, donde los internos acceden a dispositivos de comunicación no autorizados.
El proyecto plantea incorporar el artículo 68-B al Nuevo Código Procesal Penal, con el objetivo de permitir a las unidades especializadas de la Policía intervenir, con previa autorización fiscal, en los penales donde existan indicios razonables de delitos cometidos desde el interior. Estas unidades podrán extraer y analizar la información digital de los equipos hallados o decomisados, incluso cuando estén dañados o encriptados, respetando los protocolos de cadena de custodia para garantizar su validez como evidencia.
Coordinación entre la PNP, el Ministerio Público y el INPE será obligatoria
Otro punto clave del proyecto es la coordinación interinstitucional. La propuesta de Gonza establece la creación de protocolos conjuntos entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Instituto Nacional Penitenciario, con el fin de planificar y ejecutar acciones de inteligencia penitenciaria de manera articulada.
Esta cooperación permitirá identificar patrones de criminalidad organizada, rutas de comunicación delictiva y conexiones externas de las bandas que operan desde las cárceles. Además, el INPE estará obligado a preservar la evidencia digital decomisada durante los operativos, garantizando que los equipos incautados sean puestos de inmediato bajo custodia para su análisis técnico.
De esta manera, la iniciativa busca sustituir el actual modelo fragmentado y reactivo por uno más preventivo y coordinado, que fortalezca la capacidad del Estado para enfrentar el delito desde los centros penitenciarios.
Propuesta se alinea con el Acuerdo Nacional y estándares internacionales
El congresista Américo Gonza sustentó que la medida responde a la necesidad de reforzar la seguridad ciudadana y recuperar el control estatal sobre los penales, donde las organizaciones criminales han mantenido su poder operativo a través de las telecomunicaciones ilícitas. La propuesta, según el legislador, está alineada con las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional, especialmente las relacionadas con seguridad ciudadana, acceso a la justicia y fortalecimiento institucional.
El proyecto también recoge las recomendaciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que insta a los Estados a modernizar sus herramientas de investigación y cooperación interinstitucional frente al crimen organizado. Gonza sostiene que la ley no implica gastos adicionales para el Estado, pues solo requiere la especialización del personal policial existente y la adecuación de protocolos técnicos, sin necesidad de crear nuevas entidades.
Criminalidad penitenciaria en aumento y necesidad de control digital
El texto del proyecto enfatiza que los establecimientos penitenciarios del país enfrentan una grave crisis de seguridad interna. En varios penales, las autoridades han detectado que los internos continúan dirigiendo redes de extorsión, tráfico ilícito de drogas, estafas digitales y sicariato a través del uso de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos.
La Defensoría del Pueblo ha advertido que la falta de un marco legal que autorice formalmente el análisis de estos equipos genera impunidad y debilita las investigaciones. Muchos de los dispositivos incautados, señala el documento, terminan sin ser examinados adecuadamente o pierden valor probatorio por la falta de protocolos técnicos y de coordinación entre instituciones.
El congresista Gonza precisó que la aprobación de esta norma permitirá “fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar la criminalidad desde los penales y garantizar que la información digital obtenida tenga validez judicial”. Además, la propuesta otorga al Poder Ejecutivo un plazo máximo de 90 días para reglamentar su aplicación una vez aprobada por el Parlamento.
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