Restringen visitas a los penales de Lima y Callao por estado de emergencia: ¿Abogados de internos deben acatar la norma?

El gobierno de Perú declaró el estado de emergencia en Lima y Callao e introdujo nuevas medidas para reforzar los controles en los establecimientos penitenciarios, según informó el diario oficial El Peruano. El decreto establece restricciones estrictas sobre las visitas a los internos y mecanismos para combatir las telecomunicaciones ilícitas dentro de los penales, en una acción coordinada con las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con el documento publicado por El Peruano, los internos del régimen cerrado ordinario tendrán derecho a una visita semanal. Mientras tanto, los reclusos del régimen cerrado especial solo podrán recibir una visita quincenal. En ambos casos, las visitas estarán limitadas exclusivamente a familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. El objetivo, según puntualizó el decreto, es reducir los flujos externos que podrían facilitar actividades no autorizadas y fortalecer la seguridad dentro de las cárceles de Lima y Callao.

Según el constitucionalista Heber Campos, que no se haya especificado que los abogados puedan visitar a sus clientes podría devenir en una vulneración al derecho a la defensa. “El decreto no lo limita expresamente, así que diríamos que una interpretación congruente de la Constitucion nos llevaría a pensar que las visitas de los abogados estarían permitidas”.

El decreto también detalla que en las celdas se realizará un apagón eléctrico, permitiendo únicamente la iluminación para los internos. Esta medida busca limitar las posibilidades de uso de dispositivos electrónicos no autorizados que puedan estar ocultos en los sectores de descanso de las penitenciarías.

Una de las disposiciones más relevantes, según especificó El Peruano, es el desmontaje y la destrucción inmediata de antenas de telecomunicación ilícitas ubicadas en los alrededores o dentro de los penales. Para garantizar el cumplimiento de este punto, el gobierno peruano encargó el sostenimiento y la supervisión de estas tareas a las Fuerzas Armadas, quienes deberán coordinar el retiro y la inutilización de cualquier equipo que facilite comunicaciones no autorizadas para los reclusos.

El Peruano subraya que estas disposiciones ocurren en un contexto de preocupación creciente por el uso de tecnología no permitida en los centros penitenciarios y su posible vínculo con operaciones delictivas fuera de los muros carcelarios. Autoridades del Ministerio de Justicia precisaron que las revisiones eléctricas y la restricción de visitas estarán sujetas a una supervisión estricta y coordinación con otras entidades estatales.

Las nuevas restricciones estarán vigentes durante el estado de emergencia y su aplicación forma parte de un esfuerzo gubernamental más amplio por fortalecer el control penitenciario y combatir la proliferación de telecomunicaciones ilícitas en las prisiones de la capital peruana.

Otras medidas a implementarse

El Gobierno de Perú oficializó el estado de emergencia en Lima Metropolitana y en la Provincia Constitucional del Callao desde las 00:00 horas del 22 de octubre, por un periodo de treinta días. La medida, detallada por Infobae, responde al incremento de homicidios, extorsiones y tráfico de drogas en ambas jurisdicciones. Según el Decreto Supremo N° 124-2025-PCM, la Policía Nacional del Perú (PNP) asumirá el control del orden interno, apoyada por las Fuerzas Armadas. El texto señala que las áreas de intervención se seleccionarán con base en datos de inteligencia y mapas del delito, como parte de la estrategia de la administración del presidente José Enrique Jerí Oré.

La emergencia faculta a fuerzas combinadas de la PNP, Fuerzas Armadas y Serenazgo municipal a realizar patrullajes intensivos, controles de identidad, revisiones en inmuebles y vehículos, y fiscalización masiva de armas, explosivos y productos pirotécnicos. El decreto también señala la identificación de personas extranjeras, decomiso de autopartes ilegales y suspensión inmediata de líneas telefónicas usadas en actividades delictivas como la extorsión o el secuestro. Otra medida establece la prohibición de que dos adultos viajen juntos en motocicletas y la retención de vehículos con documentación irregular.

El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) y otras entidades permanecerán en sesión permanente durante este periodo. El financiamiento de estas acciones se cubrirá con los presupuestos institucionales y recursos extraordinarios asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas.