En el primer día de estado de emergencia en Lima y Callao, el presidente José Jerí visitó las instalaciones del penal de Lurigancho, donde subrayó la urgencia de mejorar los mecanismos de supervisión en los establecimientos penitenciarios y admitió sorpresa por las limitaciones detectadas en materia de vigilancia interna.
“Nos ha llamado poderosamente la atención los niveles de control y de supervisión que internamente habían estado haciendo, que ha sido deficiente”, expresó el mandatario. El despliegue combinado de fuerzas del Estado busca restaurar el orden y elevar los estándares de seguridad en las zonas más afectadas por la criminalidad organizada.
Según informó el gobierno, las nuevas acciones buscarán consolidar la coordinación territorial y anticipar la comisión de delitos, articulando patrullajes y puestos temporales en distritos clave.
Estrategia ofensiva y redistribución de fuerzas policiales
El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, definió el cambio de paradigma que orientará la política de seguridad mientras rige la medida de excepción: “No vamos a esperar que se dé un delito. Vamos a la ofensiva tras las personas que están delinquiendo”, aseguró, marcando el fin de la estrategia enfocada exclusivamente en la reacción ante el crimen.
Tiburcio también resaltó el valor de la inteligencia y del uso sistemático de estadísticas diarias y del mapa del delito como herramientas para planificar los operativos en tiempo real. “Vamos a trabajar con el mapa del delito y las estadísticas diarias”, indicó el ministro, citado por Panamericana, quien comunicó que los recientes operativos de la Policía Nacional del Perú produjeron resultados positivos con la captura de bandas y la recuperación de vehículos robados.
Las intervenciones tendrán especial énfasis en distritos como San Juan de Lurigancho y Puente Piedra, zonas que presentan altos niveles de actividad delictiva según el último reporte gubernamental. El Ejecutivo confirmó que en los próximos días aumentarán los patrullajes y registros puntuales en estos territorios, guiados por los indicadores de criminalidad analizados diariamente por las autoridades.
Crisis penitenciaria
El penal de Lurigancho es un establecimiento comlicado de manejar. Este año, renunció el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque, luego de la fuga del interno John Kennedy Javier Sebastián desde esa cárcel, evidenciando debilidades estructurales en los esquemas de supervisión carcelaria.
La renuncia fue aceptada de inmediato por el exjefe del Gabinete, Gustavo Adrianzén. “Ha presentado su renuncia, la cual será aceptada y se designará a un nuevo titular. Entendemos que hay responsabilidad funcional y, por supuesto, la renuncia es la medida más inmediata para solucionar este problema”, declaró el premier en ese entonces.
Debido a este incidente, el INPE dispuso el cese del director del penal de Lurigancho y el relevo del personal de seguridad implicado, al tiempo que notificó a la Fiscalía para el inicio de las investigaciones correspondientes.
El caso se amplió ante el hallazgo de un aparato electrónico que funcionaba como antena de internet satelital en el penal de máxima seguridad de Challapalca. “Es extremadamente raro que pueda introducirse algún objeto allí o una comunicación satelital, pero está en investigación”, indicó Adrianzén.
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