El golpista expresidente Pedro Castillo aprovechó su juicio oral para hablar de coyuntura y, además, cuestionar a los jueces supremos de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema a cargo del juicio en su contra por rebelión.
Castillo, nuevamente, hizo uso del tiempo que se le da para acreditarse para hacer un mensaje político. Para empezar invocó el artículo 450 del Código Procesal Penal, que, entre otros, establece que el proceso penal contra un alto funcionario está a cargo de un fiscal supremo.
Esto debido a que ha cuestionado que su caso fue delegado a un fiscal adjunto supremo. Sin embargo, la ley permite que estos reemplacen al fiscal supremo cuando sea necesario, por impedimento o carga procesal.
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“En reiteradas oportunidades he pedido a esta sala que nos explique sobre el contenido del artículo 450 del Código (Procesal) Penal, toda vez de que el Perú, el día de hoy, está siendo testigo de la provisionalidad. Tenemos a un presidente de la República interino, a un presidente del Congreso interino, a un fiscal interino, a una sala provisional. En todo caso, creemos importante de que eso es necesario explicarle al país. Rechazo este juicio, como siempre”, dijo el golpista.
Betssy Chávez delicada de salud
En su intervención, el expresidente Pedro Castillo expresó su “solidaridad” con la expremier Betssy Chávez, quien no asistió al juicio oral debido a que tuvo complicaciones en su salud.
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Por ello, el abogado de Chávez, Raúl Noblecilla, pidió a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema que se suspenda el juicio para no dejar en supuesta indefensión a su letrada.
En su recta final
El juicio oral contra Pedro Castillo por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 se acerca a su desenlace, con el inicio de los alegatos finales programado para el 24 de octubre, según informó la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. La Fiscalía ha solicitado 34 años de prisión para el exmandatario por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, aunque la pena podría reducirse si la acusación se recalifica como conspiración para la rebelión.
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La Procuraduría General del Estado exige que todos los acusados paguen una reparación civil de 65.419.038 soles. Además de Castillo, enfrentan cargos por rebelión Betssy Chávez, Aníbal Torres, Willy Huerta y los policías Justo Venero y Manuel Lozada. Para Chávez, Huerta, Venero y Lozada, la Fiscalía ha pedido 25 años de prisión, mientras que para Aníbal Torres, debido a su edad avanzada, la solicitud es de 15 años.
Antes de los alegatos, el 21 y 23 de octubre se realizarán los interrogatorios a los acusados. Si alguno se niega a declarar, el tribunal procederá a leer sus declaraciones previas ante la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, conforme al artículo 376.1 del Código Procesal Penal.
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La Sala Suprema ha señalado que podría desvincularse de la acusación por rebelión y considerar los hechos como conspiración, lo que implicaría una reducción de las penas solicitadas para Castillo y sus coacusados. Tras los alegatos, cada imputado tendrá la oportunidad de ejercer su última defensa antes de que los jueces pasen a deliberar en sesión secreta.
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