La organización criminal Los Chukys de Juan Pablo II, también conocida como Los Pepes de SJL, no solo se dedicaba a extorsionar a comerciantes, colegios y transportistas en San Juan de Lurigancho, sino que además está detrás de la amenaza contra la fiscal provincial Margarita Haro Pinto, quien lleva el proceso penal en su contra. Este clan familiar, encabezado por Patricio Urbano Lara, alias “El Colocho”, había instaurado un clima de miedo mediante el cobro de cupos, uso de explosivos caseros, marcado de viviendas y mensajes intimidatorios enviados por WhatsApp.
El grupo tenía como centro de operaciones el asentamiento humano Juan Pablo II, desde donde expandieron su dominio sobre diferentes zonas del distrito. Según la Policía, enviaban amenazas por WhatsApp con mensajes directos, acompañados de fotografías de armas o explosivos caseros. En los exteriores de viviendas y locales, dejaban símbolos o stickers que identificaban a los negocios que debían pagar. Esto les permitía controlar rutas de transporte, mercados, ferreterías, colegios privados e incluso mototaxis.
La banda delictiva tenía un funcionamiento bien estructurado: algunos integrantes se encargaban de recopilar información de sus objetivos, otros de extorsionar directamente y otros de cobrar los cupos mediante depósitos bancarios o aplicaciones como Yape. Por ese motivo, a los detenidos se les incautaron libretas con registros de pagos, celulares con mensajes extorsivos, armas de fuego y explosivos de fabricación casera.
Usaban menores para sus delitos
La banda estaba liderada por Patricio Urbano Lara, conocido como “El Colocho”, un delincuente con orden de captura previa por tráfico ilícito de drogas. Bajo su mando operaban sus primos y familiares directos: Einar Lara Quiñones, Francisco Lara Narváez, Nataly Lara Rosales, Giovanna Lara Quiñones y Sabrina Álvarez Ríos. Ellos cumplían funciones de cobranza, marcaje de viviendas y comunicación con las víctimas.
De acuerdo con las investigaciones, Los Chukys usaban armas cortas, bombas caseras y mensajes intimidatorios. En algunos casos, enviaban fotografías de casas detonadas o vehículos incendiados para presionar a quienes se negaban a pagar.
Uno de los aspectos más alarmantes del accionar de esta organización fue la captación de menores de edad para realizar actos de sicariato, reglaje y vigilancia. La Policía intervino a adolescentes de 14 y 15 años que serían parte de una célula conocida como Los Chukys de Chonta, vinculada a la misma red criminal. Estos menores eran utilizados como ejecutores de ataques porque, al no tener responsabilidad penal completa, podían eludir penas severas.
La participación de menores en delitos como asesinato por encargo, cobro de extorsión y marcaje de víctimas se ha incrementado, según la Policía, hasta un 20% en lo que va del año. Los dirigentes criminales los captan, los arman y los envían a cometer atentados, sabiendo que no son condenados a prisión.
Amenaza a fiscal
Tras la captura de siete integrantes de la banda,su respuesta no se hizo esperar: La fiscal provincial Margarita Haro Pinto, encargada del proceso penal contra Los Chukys de Juan Pablo II, denunció haber recibido amenazas directas desde el 17 de octubre.
Según relató, mientras realizaba diligencias propias de su labor, recibió en su celular personal un mensaje en el que le exigían renunciar a su cargo en 24 horas o atentarían contra su vida. La amenaza provenía de la organización “Los Pepes SJL”.
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