Disputa por investigación de la muerte de Eduardo Ruíz Sanz: Las presiones de la PNP para asumir el control de las diligencias

La muerte de Eduardo Ruíz Sanz la noche del 15 de octubre, en las inmediaciones de la Plaza Francia, presuntamente a manos de un suboficial de la Policía Nacional del Perú, ha incrementado la tensión en el recién iniciado gobierno de José Jerí.

Antes de que el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, confirmara que el músico de 32 años falleció por el disparo de un arma de fuego policial, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, se presentó ante el Congreso para explicar el plan operativo de la institución durante la marcha nacional.

Durante su exposición, Tiburcio aseguró que las cámaras de seguridad de la Municipalidad Metropolitana de Lima serán una pieza clave para identificar a la persona que disparó contra Ruíz Sanz y determinar a qué unidad operativa pertenecía. Sin embargo, aprovechó su intervención para insistir en que el Ministerio Público debe respetar lo dispuesto por la Ley 32130, que faculta a la Policía Nacional a realizar las primeras diligencias en una investigación penal.

Esa no fue la situación en el caso de Eduardo Ruíz, ya que el despacho fiscal asumió directamente la carpeta de investigación. Tiburcio fue enfático al pedir que la Policía también participe, pues —según dijo— “no tienen nada que ocultar”.

“Instamos que las investigaciones, respetando las competencias de conformidad con la Ley treinta y dos ciento treinta, deben ser llevadas por la Policía (...) La Policía Nacional nunca, nunca ha ocultado nunca nada a través del tiempo. Siempre hemos manejado con evidencia todo lo que podemos presentar”, sostuvo.

Posteriormente, cuando Arriola confirmó que el responsable del disparo fue el suboficial de tercera Luis Magallanes, volvió a invocar el cumplimiento de la Ley 32130 como garantía de transparencia en el proceso de investigación.

“Este comando de la Policía Nacional de todos los peruanos, para garantizar la transparencia, la imparcialidad de las investigaciones que deba de hacer tanto la policía misma, en virtud de la ley 32130, y la conducción jurídica del Ministerio Público (...)”, declaró.

Ahora circula una nueva versión. En sus últimas declaraciones, el ministro del Interior confirmó que el suboficial Luis Magallanes efectuó disparos aquella noche; sin embargo, aún falta determinar si la bala que causó la muerte de Eduardo Ruíz provino de su arma.

Presiones en el Loayza

Pero la insistencia de la PNP no solo ocurrió ante la prensa. Desde que el cuerpo de Eduardo Ruíz llegó sin vida al Hospital Arzobispo Loayza, un coronel que no quiso identificarse presionó al fiscal para retirar el cuerpo. En las próximas horas, el cadáver sería trasladado a la morgue, mientras familiares y testigos denunciaban presuntas irregularidades en la escena del crimen y durante las primeras diligencias.

Según relató su abogado, Rodrigo Noblecilla, en entrevista con LP Derecho, los primeros procedimientos estuvieron marcados por la falta de transparencia. “En la escena del crimen, en Plaza Francia, nunca llegó criminalística. Los casquillos y evidencias fueron levantados por la propia Fiscalía”, señaló.

Noblecilla denunció además que, dentro del Hospital Loayza, dos coroneles intentaron asumir la dirección de la investigación. “El coronel Morales quería que su equipo balístico intervenga, pero el fiscal se negó”, explicó. Incluso, uno de los oficiales afirmó que la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público había ordenado que la Policía asuma competencias.

“El fiscal resistió la presión y permitió que el hospital realice los exámenes correspondientes. La bala aún permanece en el cuerpo de la víctima”, precisó el abogado, quien advirtió un intento de manipular pruebas.

“Quieren contaminar el cadáver, ponerle pólvora en las manos para justificar su muerte. Pero hay videos donde se ve que el chico no estaba haciendo nada”, aseguró.