La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la muerte de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, ocurrida en el contexto de la Marcha Nacional del 15 de octubre en Lima, tras recibir un impacto de bala que, según las denuncias, habría sido realizado por un agente policial encubierto.
“La protesta es un pilar esencial de la democracia y debe protegerse. El uso de la fuerza debe ser excepcional, legal, absolutamente necesario, proporcional y sujeto a rendición de cuentas”, señaló la CIDH a través de un comunicado oficial publicado tras los hechos.
El organismo internacional también lamentó que más de 100 personas resultaran heridas durante la jornada, incluyendo 78 policías y 24 manifestantes. A la vez, instó al Estado peruano a investigar el caso de forma inmediata, exhaustiva e independiente, y a sancionar a los responsables “en toda la cadena de mando”.
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Un disparo en inmediaciones de la Plaza Francia
Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, de 32 años, murió la noche del 15 de octubre por una herida de bala durante las protestas en el Centro de Lima. La movilización fue organizada por colectivos juveniles y universitarios, agrupados bajo el nombre de ‘Generación Z’, con el fin de rechazar al gobierno de José Jerí y exigir el cierre del Congreso.
De acuerdo con la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos, la causa del fallecimiento fue un disparo de arma de fuego ocurrido en los alrededores de la Plaza Francia, durante los enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).
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El Ministerio de Salud informó que Ruiz Sanz llegó sin signos vitales al Hospital Arzobispo Loayza, antes de recibir atención médica. La Dirección de Medicina Legal y la Fiscalía intervinieron de inmediato para realizar el levantamiento del cuerpo y activar el protocolo correspondiente.
Policía anunció uso de armas menos letales antes de la marcha
Un día antes de la protesta, el 14 de octubre, el coronel Juan Carlos Valle, representante de la Región Policial Lima, aseguró que la institución garantizaría el derecho a la reunión pacífica.
“No se restringe el derecho a manifestarse pacíficamente”, señaló a la prensa, aunque también advirtió que “una piedra lanzada puede convertirse en un arma letal”.
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En ese contexto, la Policía Nacional del Perú presentó un plan de operaciones para el centro histórico de Lima, en el que indicó que usaría armamento menos letal, como escopetas con cartuchos de goma y dispositivos de propulsión sonora, para repeler incidentes.
Sin embargo, la muerte de Ruiz Sanz por arma de fuego ha generado cuestionamientos sobre el real cumplimiento de dichos protocolos y la proporcionalidad del uso de la fuerza durante la intervención policial.
Insisten en retirar al Perú de la CIDH
Un día antes de la marcha, el congresista Wilson Soto Palacios solicitó formalmente al presidente José Jerí iniciar el proceso de retiro del Perú de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con el fin de abrir un debate legislativo sobre la pena de muerte.
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“El retiro de la CIDH sería un gesto político firme y coherente con el clamor ciudadano que exige mano dura contra los delincuentes”, afirmó en su oficio, alegando que el país vive una crisis de inseguridad ciudadana.
La solicitud de Soto se suma a otros intentos previos del Congreso por desligar al país del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pese a que expertos han advertido que ese proceso es legalmente inviable en el corto plazo.
La expresidenta de la CIDH, Julissa Mantilla, advirtió que estas propuestas se enmarcan en una estrategia de “populismo punitivo” sin sustento legal. Además, recordó que, aunque un Estado denuncie la convención, la competencia de la CIDH sigue vigente durante un año y las obligaciones de derechos humanos no cesan automáticamente.
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