La designación de Ernesto Álvarez como nuevo presidente del Consejo de Ministros de Perú, anunciada por el presidente José Jerí Oré, marca un giro relevante para el escenario político nacional. Álvarez asumió este cargo tras una serie de negativas de otras figuras y decidió pedir licencia a la agrupación donde forjó gran parte de su trayectoria, el Partido Popular Cristiano (PPC).
La vida política de Ernesto Álvarez Miranda ha estado notablemente vinculada con el PPC, partido al que se afilió en 1984 y por el cual ha cumplido funciones internas, actividades políticas y tareas de representación. Su carrera adquirió notoriedad pública en 2007, año en que la bancada de Unidad Nacional—conformada por el PPC, Unidad y Paz y Peruanos Unidos: ¡Somos Libres!—presentó su candidatura para el cargo de magistrado en el Tribunal Constitucional (TC). Durante su paso por esta institución, Álvarez llegó a la presidencia del TC entre enero de 2012 y febrero de 2013.
El nuevo premier cuenta además con una extensa trayectoria académica. Desde noviembre de 2014, ejerce como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres (USMP), donde obtuvo su formación universitaria. De acuerdo con información institucional, se encarga de los cursos de Teoría Constitucional en Pregrado y el Seminario de Derecho y Política en el Doctorado USMP. La USMP no se ha pronunciado sobre su continuidad como profesor universitario, pese a las nuevas responsabilidades políticas.
Acercamiento a otros partidos políticos
En el terreno electoral, Álvarez formó parte del equipo de Plan de Gobierno para la candidatura presidencial de Alan García Pérez en el año 2016, en coalición entre el PPC y la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA). La alianza respondió a la necesidad de unir fuerzas ante una elección fragmentada y las pocas probabilidades de ganarla.
El historial público del flamante jefe del Gabinete también incluye denuncias en su contra. El Ministerio Público ha recibido seis acusaciones, como presuntos delitos de difamación, corrupción, secuestro y violación sexual. Álvarez ha asegurado que los casos de secuestro y violación resultaron archivados por falta de sustento: “Eran absolutamente inconsistentes y no conozco a la acusadora”, afirmó.
El acercamiento entre Álvarez y la agrupación Fuerza Popular también ha tenido repercusiones en la agenda pública. Resalta su participación como expositor en la “Escuela naranja”, espacio de formación política gestionado por el partido fujimorista, donde ofreció la conferencia titulada “El nuevo Tribunal Constitucional”.
Al confirmarse su flamante designación, Álvarez solicitó licencia formal al PPC para asumir conductas imparciales en el gobierno provisional. En comunicación oficial, expresó: “A fin de asumir un rol protagónico en el gobierno provisional que aspira a obtener la estabilidad política necesaria para asegurar una campaña y luego unas elecciones generales en un marco de institucionalidad y decencia”.
Fuentes políticas reportaron que el presidente Jerí Oré recurrió a otras figuras antes que Álvarez, pero ante la negativa de varios posibles candidatos optó finalmente por su perfil, dadas sus credenciales jurídicas y presencia académica. Su papel en la provisoria administración será encaminar la transición hacia comicios generales bajo institucionalidad.
Posición del Congreso al nuevo premier de José Jerí
El Congreso ha reaccionado con posturas variadas ante el nombramiento de Ernesto Álvarez como nuevo presidente del Consejo de Ministros en el gobierno de José Jerí, evidenciando profundas diferencias respecto al rumbo que tomará el Ejecutivo.
Flor Pablo, congresista no agrupada, consideró que el gabinete formado representa “la continuidad y la repartija”, con críticas dirigidas especialmente al primer ministro. Pablo calificó a Álvarez de “terruqueador” y denunció que “alienta la represión policial y desprecia el derecho ciudadano a protestar”. Al referirse a la marcha nacional convocada para el miércoles, enfatizó que “el gobierno tiene la obligación de respetar el derecho a la protesta, proteger la vida y la integridad de los manifestantes, y garantizar que la policía no repita los abusos y crímenes que cometió en anteriores movilizaciones. ¡Estaremos vigilantes!”, advirtió.
Desde el Bloque Democrático Popular, la crítica se intensificó. Sigrid Bazán anunció que su bancada no otorgará el voto de confianza al gabinete: “No le vamos a dar el voto de confianza a un gabinete liderado por Ernesto Álvarez, un terruqueador de la protesta social y sobre quien pesan graves cuestionamientos, incluidos denuncias de violación. Este gobierno de transición no representa una salida democrática ni un verdadero cambio para el país. ¡Es más de lo mismo!”, expresó en X. Por su parte, Ruth Luque sostuvo que la designación manifiesta “la continuidad del gabinete de Dina Boluarte” y cuestionó el discurso oficial de reconciliación, aseverando que “ese discurso no construye reconciliación, garantiza represión”.
En la misma línea, Silvana Robles, de la Bancada Socialista, calificó la decisión como “una afrenta al país”, alegando que Álvarez “justifica la represión y desprecia los derechos humanos”.
En contraste, voces como la de Carlos Alva de Acción Popular mostraron una posición más mesurada. Alva reconoció la experiencia de Álvarez e insinuó posibilidades de apoyo, aunque recalcó la importancia de la fiscalización: “Espero que los que hayan sido designados tengan un buen trabajo, pero nosotros seguiremos fiscalizando”.
Por su parte, Edward Málaga manifestó dudas, pero no descartó respaldar al gabinete, señalando que “se necesita gobernar para todos, no necesariamente enfilar hacia una posición sectaria”. La confirmación de la confianza al nuevo gabinete permanece así en el centro del debate congresal, bajo un clima político de críticas y expectativa.
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