En la madrugada de este viernes 10 de octubre de 2025, el Congreso de Perú resolvió por amplia mayoría aprobar la vacancia de Dina Boluarte como presidenta de la República. La medida, respaldada por 118 votos y sin oposición ni abstenciones, respondió a semanas de creciente tensión política en el país, acentuada por el reciente ataque al grupo musical Agua Marina y un incremento en la percepción de inseguridad social. La ahora exmandataria rechazó presentarse para ejercer su defensa y calificó el procedimiento como inconstitucional.
Tras la destitución de Boluarte, el presidente del Congreso, José Jerí, juró como nuevo presidente de la República, cumpliendo así la sucesión establecida en la Constitución peruana. Jerí Oré, abogado y miembro de Somos Perú, asumió la responsabilidad de liderar el país hasta las próximas elecciones generales, programadas para abril de 2026.
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Gremios privados exigen seguridad y elecciones transparentes al gobierno de José Jerí
Diversos gremios empresariales emitieron comunicados para expresar su posición ante la coyuntura. La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) encabezó el pronunciamiento conjunto donde, junto a otras organizaciones como AGAP, Perucámaras, Plataforma Nacional de Gremios - Mipymes, Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI), Perucaña, ADEX, CCL, Comex Perú, Canatur y la Asociación Automotriz del Perú (AAP), presentaron tres planteamientos principales al nuevo gobierno.
En su declaración, los gremios enfatizaron que el Ejecutivo debe respetar la Constitución y garantizar unas elecciones generales limpias y transparentes en 2026. Reclamaron la conformación de un gabinete de unidad nacional con técnicos probos, capacidad y ética para restituir la confianza en la administración pública. En el tercer punto, los firmantes exigieron que la lucha contra la criminalidad y las economías ilícitas se vuelva una política de Estado.
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“La seguridad ciudadana es hoy la mayor preocupación de los peruanos y el principal obstáculo para el desarrollo”, plantea el comunicado. En esta línea, los gremios firmantes reiteraron el compromiso del empresariado peruano con la democracia y la formalidad, subrayando que “el crecimiento solo será sostenible si se construye sobre la base del orden, la legalidad y la confianza”.
Vacancia de Boluarte: CONFIEP llama a serenidad y respeto al cronograma electoral
Por su parte, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) difundió su postura con un llamado a la serenidad y al respeto del cronograma electoral para que la transición sea transparente.
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“El Perú necesita seguridad, estabilidad, diálogo y respeto a la institucionalidad. Solo con serenidad y responsabilidad podremos superar esta nueva crisis política y volver a poner al país en la senda del crecimiento, el empleo, y en especial enfrentar la grave situación de inseguridad que atraviesa el país”, afirmó Jorge Zapata Ríos, presidente de CONFIEP.
La entidad alertó que el debilitamiento institucional erosiona la confianza y desalienta la inversión, aspectos que afectan al empleo de millones de personas. El comunicado también instó a los líderes a actuar con responsabilidad y remarcó: “El sector privado está dispuesto a ser parte de las soluciones, impulsando espacios de concertación y propuestas para la recuperación económica y social”.
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Gamarra alerta sobre impacto de la crisis en pequeñas empresas
Finalmente, la Asociación Empresarial Gamarra Perú, liderado por Susana Saldaña, expresó de forma contundente su preocupación por el impacto de la crisis política y la inseguridad en el sector de micro y pequeños empresarios. Desde la asociación exigieron a las fuerzas políticas priorizar el bienestar del país y activar una transición que permita salir de la incertidumbre.
El pronunciamiento advierte que “las mafias se disputan el control de los dameros para cobrar cupos por nuestras calles y extorsionar a los comerciantes formales”. Gamarra recordó que sus empresas aportan más de 1.000 millones de soles anuales al fisco y señaló el peligro que implica la inseguridad para el desarrollo económico. Además, advirtió que la crisis alcanza al sector en vísperas de la campaña navideña y que “perderla significaría que 40.000 mypes quiebren, con la consecuente pérdida de puestos de empleo”.
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De esta manera, los comunicados de los principales gremios empresariales del país resumen el pedido de que se restablezca el orden institucional, se garantice la seguridad y la estabilidad política y que el nuevo gobierno priorice la transparencia en el proceso electoral mientras enfrenta la criminalidad e incertidumbre económica.
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