Nueva crisis en Perú: ¿Qué sigue tras la eventual vacancia de Dina Boluarte y cuál es el impacto de tener ocho presidentes en 10 años?

La inminente vacancia de Dina Boluarte abre un nuevo capítulo en la inestabilidad del poder Ejecutivo en el Perú, marcando un ciclo de recambios y desencanto ciudadano con su sistema político. Esta transición forzada plantea numerosas interrogantes sobre la sucesión, las perspectivas de gobernabilidad y el futuro inmediato del país, analizadas por expertos en derecho, ciencia política y gobernanza.

El proceso que enfrenta la jefa de Estado, quien asumió el pasado 7 de diciembre de 2022, se encuentra en una fase definitoria. Varios bloques parlamentarios, entre ellos los más numerosos, le dieron la espalda y ratificaron su apoyo a las mociones de vacancia presentadas por incapacidad moral. Con el sorpresivo respaldo de Alianza para el Progreso y Fuerza Popular, agrupaciones que sostuvieron su permanencia, se superó el umbral requerido en el Congreso.

En este contexto, los politólogos Martín Soto Florian y Alonso Cardenas y el constitucionalista Carlos Gonzalez, dieron detalles a Infobae Perú de qué es lo que sigue tras la eventual renuncia o vacancia de Dina Boluarte y cuál es el impacto para el país de su salida.

El mecanismo de sucesión presidencial está definido por la Constitución, pero su aplicación práctica depende de acuerdos políticos dentro del Congreso. Según Soto Florian, decano de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Científica del Sur, cuando el presidente de la República renuncia o es vacado, el mando del Ejecutivo pasa al presidente de la mesa directiva del Congreso. Sin embargo, aunque la norma establece este procedimiento, en la práctica se produce un arreglo entre las fuerzas políticas para elegir una nueva mesa directiva, de modo que quien asuma la presidencia del Congreso se convierta en presidente de la República de manera transitoria.

Gonzalez advierte que el Perú ha transitado hacia un sistema en el que el presidente depende del Parlamento, describiéndolo como un “parlamentarismo o presidencialismo imperfecto”. En su opinión, el artículo 113, inciso 2, de la Constitución, que permite declarar la incapacidad moral permanente del presidente, otorga al Congreso un poder discrecional que genera volatilidad y debilita la legitimidad de las instituciones. “La frecuente rotación presidencial banaliza el cargo más representativo de la nación y alimenta la desconfianza ciudadana en la democracia”, mencionó el también docente de Derecho de la Científica del Sur.

Cárdenas, politólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya UARM, coincide en que la gobernabilidad está gravemente afectada, con niveles de aprobación de las instituciones políticas entre los más bajos de la región, según Latinobarómetro. Soto Florian, por su parte, advierte que la figura de la incapacidad moral permanente no debe convertirse en una herramienta de uso arbitrario por parte del Congreso, ya que esto erosiona la promesa democrática de igualdad ante la ley y garantías ciudadanas.

Frente a este panorama, los expertos proponen diversas salidas para restaurar la gobernabilidad. Soto Florian considera fundamental que la nueva mesa directiva del Congreso, y especialmente quien la presida, garantice un proceso electoral transparente y limpio, así como la seguridad y la vida de los ciudadanos. Recomienda que el liderazgo transitorio no esté vinculado a la continuidad del régimen saliente ni busque la reelección, y que convoque a un gabinete de amplia base capaz de enfrentar las tareas urgentes, como la seguridad ciudadana y la supervisión de la gestión pública.

Cárdenas, en cambio, plantea la necesidad de un cambio profundo en el sistema de representación política, al considerar que la actual clase dirigente está desconectada de la ciudadanía y que la credibilidad de los líderes políticos se encuentra en mínimos históricos.