⁠⁠Inseguridad ciudadana le cuesta al Perú más de 20 mil millones de soles: “Ya nadie se salva”, advierte la CCL

El impacto económico de la inseguridad ciudadana en el Perú representa una preocupación creciente para el sector empresarial, según la Cámara de Comercio de Lima (CCL). El presidente de la CCL, Roberto de la Tore, estimó que la delincuencia genera pérdidas superiores a veinte mil millones de soles al año, equivalentes a aproximadamente el 1,7% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional. La organización empresarial advirtió que este monto incluye tanto el gasto público como la inversión privada destinada a medidas de protección y prevención contra la criminalidad.

La Cámara de Comercio de Lima identificó como especialmente afectados a los sectores de manufactura, construcción y transporte, además del comercio minorista y los servicios. Emprendedores de rubros como bodegas, panaderías, ferreterías y peluquerías enfrentan amenazas constantes que afectan la continuidad de sus actividades y los obligan a destinar recursos adicionales a seguridad. “El tema no es solo transportes, porque están afectadas todas las actividades económicas: bodegueros, panaderos, ferreteros, peluqueros”, advirtió De la Tore.

El presidente de la CCL señaló que la inseguridad no sólo pone en riesgo los negocios, sino también la integridad personal de quienes emprenden. “Ahora el emprendedor ya no solo arriesga su economía, sino que también su vida”, remarcó, agregando que el Ministerio de Economía calculó que el costo anual de la inseguridad equivale a veinte mil millones de soles.

Ante este panorama, la Cámara de Comercio de Lima exhortó al gobierno de Dina Boluarte a implementar medidas urgentes y efectivas para combatir la criminalidad. El gremio consideró que la situación limita el desarrollo de todo tipo de actividades económicas y advirtió que mientras no existan resultados visibles en la mejora de la seguridad, los gastos y las pérdidas continuarán en aumento.

Primeros anuncios

El sector transporte en el Perú enfrenta una escalada de violencia, caracterizada por atentados, extorsiones y asesinatos que afectan directamente tanto a trabajadores como a usuarios. Este escenario llevó a una paralización parcial de actividades en Lima y Callao, donde sindicatos y asociaciones de conductores exigieron acciones concretas del Estado.

Representantes gremiales, encabezados por Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores del Perú (ANCP), participaron en una reunión en el Congreso de la República junto a parlamentarios, donde acordaron exigir al Poder Ejecutivo la declaración de emergencia para el sistema de transporte público. Esta medida permitiría la implementación de acciones extraordinarias con el objetivo de restablecer la seguridad y el orden en el sector durante un periodo determinado.

Entre las acciones previstas se encuentra la instalación inmediata de cámaras de vigilancia con geolocalización y botones de pánico en las unidades, así como el registro biométrico facial de conductores y la asignación de presupuestos operativos en corredores de alto riesgo. El plan incluye el fortalecimiento de la inteligencia policial, programas de recompensas por denuncias seguras y un fondo de ayuda para familias de víctimas, junto con seguros obligatorios de vida y salud para los conductores formales.

Esta no es la primera vez que se plantea la emergencia en el transporte. El Congreso ya aprobó el año pasado una moción dirigida a Lima y Callao. Autoridades del sector aseguran que la declaratoria permitiría acelerar procesos administrativos claves, pero advierten que no solucionará de inmediato los problemas estructurales del sistema.