La falencia de los diagnósticos

Uno de los retos en políticas públicas, más allá de elaborar un diagnóstico con evidencia y sugerir recomendaciones, es diseñar instrumentos aplicables a la realidad y al contexto de una economía. No llegar a ese nivel nos condenaría a años de diagnósticos y recomendaciones poco o nada efectivos, con la consecuente pérdida de tiempo. Más preocupante aún sería que tales recomendaciones, sin considerar problemas estructurales, conduzcan a interpretaciones de política poco acertadas o incluso a acciones alejadas de lo que realmente necesita la economía.

Por ejemplo, en su más reciente informe sobre la economía peruana, la OCDE sostiene que los ingresos por impuestos ambientales en nuestro país siguen siendo limitados, pues apenas representaron un 0.6% del PBI en 2022, frente al 2.1% del PBI en promedio en las economías de la OCDE. La interpretación inmediata podría ser: “el Perú recauda poco por tributos ambientales y debería aumentar impuestos”, una conclusión que no refleja adecuadamente nuestra realidad.

Se ignora que la informalidad en la economía peruana es del 70%, mientras que en los países de la OCDE bordea el 30%. Así, aunque el Perú cuente con impuestos ambientales similares o incluso más elevados, la recaudación como porcentaje del PBI sería menor, básicamente porque la base tributaria formal es mucho más reducida.

Asimismo, sostiene que el Perú capta ingresos fiscales relativamente modestos de la minería en relación con su potencial. Y, que los ingresos relacionados con la minería representaron en promedio menos del 1% del PBI, basándonos en la recaudación directa de impuestos, a pesar de que el sector aporta cerca del 10% del PBI y casi dos tercios del total de las exportaciones. La lectura inmediata para cualquiera sería: “la minería paga poco y debería pagar más”.

Además del problema estructural llamado informalidad, debemos tomar conciencia de que, entre los países mineros a nivel mundial, el Perú se encuentra entre los que presenta la mayor carga tributaria, superior a las de regulaciones como Canadá, Australia y Chile, países que son miembros de la OCDE. El 47% de las utilidades de una minera se destina al pago de impuestos en nuestro país, según un estudio del Instituto Peruano de Economía, encargado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.

En 2024, la recaudación fiscal de parte del sector superó los S/ 18,384 millones, siendo el tercer mayor registro histórico, y evidenciando un incremento del 14.1% con respecto a 2023, según cifras de la Sunat. Las transferencias mineras por canon y regalías de los últimos diez años ascendieron a más de S/ 54,000 millones, de acuerdo con datos del Ministerio de Economía y Finanzas. El problema no radica en ingresos fiscales modestos, sino en la ejecución de los recursos públicos. Todos los años, los Gobiernos regionales y las municipalidades dejan de usar estos recursos, más aún los transferidos por conceptos de canon y regalías, en desmedro de la población. Solo en 2024, se dejaron de ejecutar S/ 4,676 millones del presupuesto para inversión pública financiado con este dinero.

Cualquier comparación con economías avanzadas resulta desproporcionada e inútil para orientar una política efectiva, más aún cuando no se interiorizan distorsiones estructurales de economías en desarrollo como la nuestra. Exponer datos de esa manera agudiza el problema, pues lleva a conclusiones erradas en la opinión pública e incluso entre hacedores de política y actores políticos que considerarían que “existe espacio para aumentar impuestos”.

En el Perú, el verdadero desafío es ampliar la base tributaria y asegurar que los recursos se traduzcan en servicios públicos de calidad y mejoras en el bienestar de todos.