El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, volvió a celebrar este martes lo que consideró la salida definitiva de la constructora brasileña Odebrecht del país, tras la liquidación de la concesionaria Rutas de Lima, encargada de tres importantes vías capitalinas.
“Quiero aunar mi gran alegría porque ayer se declara en quiebra, después de haber robado todo, tanto Odebrecht como Brookfield como sus ‘Ratas de Lima’, ahí están, bien quebrados están”, dijo en un acto público realizado en la avenida Petit Thouars.
“Para mí es un día de fiesta porque vamos sacando la corrupción del Perú, esa gente ¡Lárguense a su país! (...) El 99% de la gente que invierte en peajes y concesiones en Perú es honesta, estamos hablando de dos concesiones corruptas con coima”, continuó.
Las declaraciones del burgomaestre ocurrieron un día antes de que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) comunicara que el Departamento de Justicia de Estados Unidos envió una carta al exfiscal peruano responsable del acuerdo con Odebrecht para solicitar explicaciones sobre la exclusión de Rutas de Lima de ese pacto.
La comunica señaló, mediante un pronunciamiento difundido en X, antes Twitter, que la autoridad estadounidense requiere además documentos y comunicaciones entre el fondo canadiense Brookfield, Odebrecht y Rutas de Lima, otorgando un plazo que vence el 10 de octubre.
Detalló que el abogado contactado por las autoridades de Estados Unidos trabajó anteriormente en Jenner & Block, firma jurídica que representó a Brookfield, lo que representa “un conflicto de intereses” según la información municipal.
“Las Cortes de EE. UU., Perú y Francia deben tener en cuenta que el Departamento de Justicia está revisando el acuerdo de Odebrecht. La MML está pidiendo la anulación del mismo por información no revelada y para la investigación del financiamiento original del proyecto. Es importante que las nuevas investigaciones incluyan el origen de fondos, la relación de propiedad de Brookfield y Odebrecht y la relación entre las tres empresas”, especificó.
En la víspera, el burgomaestre calificó la liquidación de la concesionaria como un triunfo judicial: “Acabamos de derrotar a Odebrecht en Perú, ¡largo! (...) ahora se viene la libertad de los peajes de Lima Sur”, exclamó al recordar que el Tribunal Constitucional ordenó en 2024 la suspensión del cobro de peajes en Puente Piedra, tras un recurso presentado por el ciudadano Ramón Pairazamán León.
Reacción de Brookfield
Brookfield, que en 2016 adquirió la concesionaria a Odebrecht, denunció que medidas arbitrarias del Estado peruano derivaron en la expropiación de su inversión, generando pérdidas millonarias. Alegó que las acciones de López Aliaga y otras autoridades incluyeron “campañas de hostigamiento y ataques sistemáticos en la prensa y redes sociales”.
Afirmó que la disolución de Rutas de Lima es consecuencia directa de esas medidas, las cuales —según su versión— destruyeron el valor del activo sin respetar la seguridad jurídica.
Anteriormente, el fondo demandó a Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial para exigir el pago de más de 2.700 millones de dólares por considerar que se ha afectado su inversión.
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