El debate por las tarifas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez llegó al Congreso con una propuesta que busca reducir los gastos de los pasajeros en vuelos de conexión. La congresista Heidy Juárez Calle, del Grupo Parlamentario Podemos Perú, presentó un proyecto de ley que autoriza al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a iniciar un proceso de negociación con el concesionario de la terminal para eliminar la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) en su modalidad de transferencia.
La iniciativa, registrada el 20 de septiembre de 2025, fija un plazo de 45 días hábiles para que el MTC, a través de sus áreas competentes, logre un acuerdo con Lima Airport Partners (LAP). El objetivo, según el documento, es frenar los efectos negativos que la tarifa de conexión genera en la competitividad del principal aeropuerto del país y en el bolsillo de los usuarios.
Objeto de la propuesta legislativa
El proyecto de ley señala que la eliminación de la TUUA de transferencia tiene como finalidad proteger los derechos de los consumidores y garantizar que el aeropuerto mantenga su posición estratégica a nivel regional. La medida está dirigida a los pasajeros que realizan conexiones nacionales e internacionales y que, hasta ahora, deben asumir un pago adicional en cada viaje.
La congresista Juárez sostiene que esta tarifa encarece los boletos aéreos y perjudica directamente a miles de viajeros que dependen de vuelos con escala en Lima ante la falta de rutas directas entre regiones. En el documento se advierte, además, que el cobro afecta la competitividad del Jorge Chávez frente a otros aeropuertos de la región, como los de Panamá o Colombia.
Plazos y criterios de negociación
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones tendrá 45 días hábiles para llevar adelante las conversaciones con el concesionario desde la entrada en vigor de la norma. Este proceso deberá concluir con un acuerdo que contemple soluciones sin afectar el equilibrio económico-financiero del contrato de concesión vigente.
El texto precisa que entre los criterios de negociación se encuentran la protección al usuario, la defensa de los derechos de los consumidores de servicios públicos, la transparencia en todo el proceso y el cumplimiento de las inversiones comprometidas para mejorar la infraestructura aeroportuaria. Con ello, se busca que la eliminación de la tarifa no implique retrasos en los proyectos pactados para el Jorge Chávez.
La tarifa en el centro de la polémica
La TUUA de transferencia fue incorporada en 2013 mediante una adenda al contrato de concesión y se aplica a pasajeros en conexión, tanto en vuelos nacionales como internacionales. Este cobro, aprobado por el regulador en 2025, fijó montos de USD 11,32 para viajes internacionales y USD 7,07 para nacionales. Posteriormente, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) dispuso tarifas provisionales de USD 10,74 y USD 6,79, respectivamente.
El anuncio del inicio de su cobro generó un rechazo inmediato de asociaciones de aerolíneas y gremios del sector, quienes advirtieron que el incremento en los boletos afectaría al turismo y restaría competitividad al país como centro de conexión aérea. También alertaron sobre el riesgo de desviar pasajeros a terminales de la región con costos menores.
Reacciones y próximos pasos
El concesionario Lima Airport Partners manifestó que la tarifa debía incorporarse en los pasajes para evitar mayores trámites, aunque se evaluó incluso el cobro presencial en ventanillas, lo que, según especialistas, podría generar largas filas y desorden en el aeropuerto. Ante esta situación, se abrió un frente de oposición que incluyó a usuarios, gremios y actores del sector transporte aéreo.
Desde el MTC, se instalaron mesas de trabajo para revisar alternativas, entre ellas una posible reducción de la TUUA de transferencia nacional mediante una adenda, lo que implicaría renunciar a parte de la recaudación estatal. No obstante, el proyecto de Juárez busca ir más allá y eliminar de forma definitiva el cobro, marcando un precedente para futuras concesiones de infraestructura en el país.
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