La decisión de auditar los recursos asignados al Despacho Ministerial del Ministerio de Educación fue anunciada por Morgan Quero, quien instruyó al Órgano de Control Institucional (OCI), dependiente de la Contraloría General de la República, a ejecutar esta revisión para garantizar la correcta administración de los fondos. La medida responde a recientes cuestionamientos públicos y acusaciones dirigidas a la gestión, las cuales, según el ministro, persiguen desacreditar al actual equipo.
Durante la ceremonia del Premio Nacional de la Juventud Yenuri Chiguala Cruz, Morgan Quero defendió la transparencia presupuestal del sector. Explicó: “Cada sol del sector Educación se maneja con transparencia y responsabilidad. Rechazamos de manera firme la campaña política de desinformación que busca manipular a la opinión pública con acusaciones falsas”, sostuvo el titular del Minedu.
Caja chica
Morgan Quero aclaró que la denominada “caja chica” solo se emplea para cubrir gastos menores, urgentes e indispensables, en concordancia con las regulaciones del Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría General de la República. El uso de estos fondos se limita a conceptos concretos, como la atención protocolar en reuniones, la compra de útiles de oficina o la contratación de servicios urgentes que no ameritan procesos de compra mayores.
Como distinción frente a gestiones anteriores, el ministro recalcó la eliminación definitiva de desembolsos para desayunos y almuerzos, que antes representaban casi el 60% de la caja chica. “Hoy cada desembolso tiene un control estricto y responde únicamente a necesidades institucionales”, expresó Quero,
Recepción de visitas y gastos institucionales
En los últimos 16 meses, el Despacho Ministerial recibió a más de 15.000 representantes de gremios, maestros, estudiantes y autoridades, quienes visitaron semanalmente la sede del Minedu. Para la atención protocolar de estas visitas, se desembolsaron S/8.421 en la compra de galletas, bebidas y café.
Respecto a las prendas institucionales, el ministro detalló que corresponden a indumentaria protocolar utilizada por los funcionarios de Alta Dirección en actos oficiales no programados. Estas prendas se almacenan, se usan y se devuelven al concluir cada actividad interinstitucional, bajo criterios definidos de uso.
Certificación y compromiso con la transparencia
Morgan Quero subrayó que el Minedu es el único ministerio con un Sistema de Gestión de Cumplimiento certificado bajo la norma ISO 37301:2021, atributo que refuerza el compromiso institucional con la integridad y la prevención de la corrupción.
El ministro finalizó su intervención afirmando: “Es inaceptable que se intente desviar la atención. Este Gobierno ejecuta la mayor inversión en infraestructura educativa de las últimas dos décadas, ha emprendido la revalorización docente postergada por años y está multiplicando las oportunidades para nuestros jóvenes. Eso es lo que verdaderamente le importa al país”.
“Los ministros deben cubrir sus consumos”
El pasado 22 de septiembre, en conversación con Canal N, la exministra de Educación Patricia Correa cuestionó públicamente el uso indebido de la caja chica en los ministerios, luego de un reportaje difundido por Cuarto Poder. Correa precisó que este fondo tiene como objetivo cubrir únicamente gastos imprevistos, y no corresponde que los titulares de las carteras lo utilicen para consumos personales como café, galletas o prendas de vestir.
La exfuncionaria enfatizó que los ministros, al igual que cualquier ciudadano, deben asumir sus consumos y necesidades de vestimenta con su salario. En esa línea, explicó que en el sector público existen procedimientos administrativos claros para adquirir bienes de uso institucional —como papel higiénico, chalecos o camisas—, los cuales deben seguir procesos de transparencia y planificación, en lugar de financiarse con la caja chica.
Correa también advirtió que el incumplimiento de estos procedimientos afecta la confianza ciudadana, recordando que los recursos estatales pertenecen a todos los peruanos. En ese sentido, recalcó que el verdadero problema radica en que “cualquier compra en el Estado requiere procesos transparentes, porque se trata de grandes adquisiciones para toda la institución”.
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