Ejecutivo transfiere más de 65 millones de soles a los gobiernos regionales de Moquegua y Apurímac para 14 proyectos de inversión

El gobierno de Dina Boluarte transfirió 65 217 383 de soles a los gobiernos regionales de Apurímac, que le tocó 65 217 383 soles; y Moquegua, donde se asignó 44 645 040 soles

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MEF - Ministerio de Economía
MEF - Ministerio de Economía y Finanzas

El Poder Ejecutivo de Dina Boluarte transfirió 65 217 383 de soles a los gobiernos regionales de Apurímac (65 217 383 soles), su lugar de nacimiento, y Moquegua (44 645 040 soles), de acuerdo con los decretos supremos N.º 201-2025-EF y N.º 202-2025-EF, publicados este miércoles 24 de septiembre de este año.

De acuerdo con el documento, se tomó esta con el objetivo de financiar gastos de reactivación económico, por medio de tres proyectos de inversión en intervenciones en materia de salud y de riego para el departamento apurimeño. En el otro caso, serán 14 Salud, Educación, Transportes y Agricultura.

“El detalle de los recursos asociados a la Transferencia de Partidas autorizada (...) se encuentran en el Anexo ‘Transferencia de Partidas a favor del Gobierno Regional de Apurímac’ que forma parte integrante de la presente norma y se publica en la sede digital del Ministerio de Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef), en la misma fecha de publicación de la presente norma en el Diario Oficial El Peruano", se lee en el texto.

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También se establece que el titular del pliego habilitado en esta transferencia deberá aprobar, mediante resolución, la desagregación de los recursos autorizados a nivel programático, dentro de los cinco días calendario de la vigencia de la norma. “Copia de la resolución se remite dentro de los cinco días calendario de aprobada a los organismos señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público”, se menciona.

Asimismo, se indica que la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego involucrado solicita a la Dirección General de Presupuesto Público las codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida.

Esta oficina también instruye a la unidad ejecutora para que elabore las correspondientes Notas de Modificación Presupuestaria que se necesiten. Por último, este dinero no podrá ser usado, bajo responsabilidad, para fines distintos a los dispuestos.

MEF transfiere más de S/1.356 millones a regiones

El Ministerio de Economía y Finanzas realizó la transferencia de más de S/1.356 millones a los gobiernos regionales de Ucayali, Cusco, Junín y Apurímac. Los recursos están destinados a culminar 62 proyectos de inversión pública priorizados en estas jurisdicciones, según resoluciones ministeriales publicadas el 20 de agosto de 2025.

Los fondos provienen de operaciones de endeudamiento interno autorizadas por la Ley N° 31955. Esta norma permite la emisión de bonos soberanos para financiar inversiones públicas regionales durante 2024. Las asignaciones específicas distribuyen S/416 millones para Ucayali, S/470 millones para Cusco, S/353 millones para Junín y S/116 millones para Apurímac.

Ministro de Economía Raúl Pérez
Ministro de Economía Raúl Pérez Reyes. (Foto: Agencia Andina)

La transferencia de recursos se formalizó mediante convenios de traspaso entre el MEF y cada gobierno regional. La gestión de estos convenios estuvo a cargo de la Dirección General del Tesoro Público y estipula mecanismos para la devolución de fondos a través de deducciones automáticas en los recursos regionales, en conformidad con la normativa vigente.

La medida, anunciada previamente por el titular de la cartera, Raúl Pérez Reyes, busca destrabar la ejecución de proyectos detenidos y dinamizar infraestructura prioritaria en las regiones beneficiadas. La decisión se enmarca en la estrategia gubernamental de reforzar la capacidad de inversión pública y asegurar la culminación de obras estratégicas.

En paralelo, el ministerio publicó un decreto supremo que modifica el régimen de Asociaciones Público-Privadas (APP) e incorpora la obligatoriedad de una cláusula anticorrupción en todas las adendas contractuales. Esta disposición apunta a fortalecer la transparencia y la probidad en la gestión de proyectos de infraestructura bajo esquemas público-privados.