La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) rechazó la suspensión temporal, por seis meses, de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
De acuerdo con RPP, la CNDDHH calificó la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) como un “grave ataque” a la independencia de la Fiscalía, advirtiendo que la medida pone en riesgo la democracia y la capacidad del Estado para investigar el crimen. El colectivo alertó que, sin una Fiscalía independiente, “se abre paso a la impunidad y la vulneración de derechos”.
En su pronunciamiento, la organización cuestionó la legalidad y las garantías del proceso disciplinario que llevó a la suspensión de Espinoza Valenzuela. RPP recogió que la organización denunció una ofensiva del Gobierno y el Parlamento para controlar instituciones autónomas, señalando que la coalición gobernante “ha consumado ahora un nuevo paso al tomar control del Ministerio Público, y se prepara para avanzar contra el Poder Judicial”.
Para la CNDDHH, estas acciones constituyen una intromisión directa en un órgano constitucionalmente autónomo, debilitando su capacidad para investigar y perseguir el delito, y asfixiándolo mediante medidas económicas y administrativas.
El colectivo sostuvo que la instrumentalización de la JNJ por parte del Ejecutivo y el Congreso busca consolidar la impunidad, debilitar la separación de poderes y profundizar la crisis institucional que atraviesa el país.
“La autonomía del Ministerio Público, pilar de la democracia, se ve amenazada con la suspensión de la fiscal de la Nación en un contexto de retrocesos democráticos y represión. Estas maniobras, promovidas por el Ejecutivo y el Congreso a través de la instrumentalización de la JNJ, buscan consolidar la impunidad, erosionan la separación de poderes y profundizan la crisis de institucionalidad del país”, mencionaron.
Proceso de suspensión y consecuencias inmediatas
La suspensión de Delia Espinoza fue aprobada por la Junta Nacional de Justicia el viernes 19 de septiembre, tras una propuesta presentada por la vicepresidenta del organismo, María Teresa Cabrera, y respaldada por los demás miembros, con la excepción de Francisco Távara Córdova, quien fue excluido del proceso por supuestamente haber adelantado opinión, según información de la Junta Nacional de Justicia y el Ministerio Público. Espinoza debía acudir ese día a la sede de la JNJ para presentar sus descargos, pero decidió no asistir, argumentando la falta de garantías para un debido proceso.
El proceso disciplinario contra Espinoza se originó por su supuesta negativa a acatar una resolución de la JNJ que ordenaba la reposición de Liz Patricia Benavides Vargas como fiscal de la Nación, a pesar de que ya se había designado a una nueva titular en la Fiscalía. De acuerdo con el informe de Cabrera, Espinoza no solo habría desconocido el mandato, sino que también “desplegó” diversas acciones para mantenerse en el cargo.
Entre los hechos atribuidos a la fiscal suspendida figuran: ignorar la orden de reposición de Benavides Vargas, continuar ejerciendo el cargo de manera ilegal e inconstitucional, negarse a cumplir sus funciones como fiscal suprema al no recibir a la funcionaria restituida ni convocar a la Junta de Fiscales Supremos, e instigar al personal del Ministerio Público a realizar una vigilia en la sede institucional para impedir la ejecución de la resolución.
La suspensión preventiva se estableció por un periodo de seis meses, plazo en el que deberá resolverse el proceso disciplinario, que podría concluir con su absolución, suspensión definitiva o destitución. El reglamento permite que la suspensión se extienda una sola vez por otros seis meses, lo que podría mantenerla fuera de la institución hasta por un año.
Mientras dure la suspensión, el despacho de la Fiscalía de la Nación quedará a cargo, de manera interina, del fiscal supremo de mayor antigüedad, Pablo Sánchez Velarde. Si Sánchez declina el encargo, como ocurrió en el caso de la suspensión de Patricia Benavides, la sucesión recaería en Zoraida Ávalos, seguida por Tomás Gálvez, Patricia Benavides y Juan Carlos Villena, según el cuadro de antigüedad del Ministerio Público.
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